Desidia oficial en la investigación del crimen del periodista que se enfrentó al crimen organizado y la corrupción municipal, en una de las ciudades más peligrosas para ejercer el periodismo en México.
Salvador Adame Pardo tiró su teléfono, justo antes que cuatro hombres armados, después de amenazarlo, consiguieran subirlo a una camioneta. El aparato móvil fue a parar junto a una toma eléctrica, escondido de la vista de quienes vestidos de negro, con armas tipo cuerno de chivo, lo forzaron a subir al vehículo, luego de despojar de sus pertenencias a dos de sus acompañantes. Era el 18 de mayo de 2017, por la tarde, cuando en la Tierra Caliente del estado de Michoacán, en México, el día arrastra los párpados, agobiado por temperaturas que oscilan entre los 36 y 40 grados.
En la víspera, en la capital michoacana, Morelia, periodistas se habían manifestado en las calles –como en varios estados del país- para repudiar el asesinato de Javier Valdez, cofundador del semanario Ríodoce del estado de Sinaloa, ocurrido el 15 de mayo del mismo año. Salvador había lamentado no haberse enterado a tiempo para acudir. Seis días después habría una marcha similar, pero para entonces el motivo sería él.
A Salvador se lo llevaron como a tantos otros en Michoacán, en plena avenida principal, con testigos, sin la necesidad del sigilo o la complicidad de la noche. Estaba sentado en el municipio de Múgica, de la avenida Lázaro Cárdenas de Nueva Italia, junto a dos familiares, tomando una cerveza. Hacía cinco meses que había cerrado su canal, el 6TV, debido a que no podía seguir costeando el pago de la señal por cable, por lo que sus informaciones las difundía a través de su perfil de Facebook. Pero, ¿sobre qué venía informando Salvador?
Ser periodista en Tierra Caliente
Esta zona tiene su historia en lo que a desapariciones y asesinatos de periodistas se refiere. En 2006, José Antonio García Apac, director del semanario ECO de la Cuenca de Tepalcatepec, fue desaparecido; en 2008, tocó el turno a Mauricio Estrada Zamora, de La Opinión de Apatzingán; el mismo año asesinaron a Miguel Ángel Villagómez Valle, director del periódico La Noticia de Michoacán; en 2010 se dio muerte a Hugo Alfredo Olivera Cartas, a balazos, tras ser retenido; y más recientemente, en enero de 2020 se encontró en Huetamo el cuerpo sin vida de Fidel Ávila Gómez, de la estación de radio La Ke Buena, que llevaba casi dos meses desaparecido.
Luis Antonio Ramos Arredondo es director del semanario El Regional, y al igual que Salvador, nació, creció y ha desarrollado su carrera periodística en Múgica. Él conoce del estigma con que comúnmente suele calzarse a los periodistas en Tierra Caliente.
“Es difícil en esta región hacer periodismo; muchas veces comentan los compañeros que vienen a hacer reportajes de la Ciudad de México, Estados Unidos o de otros países, que no es tan complicado trabajar aquí, que ellos vinieron y no pasó nada. Pero se olvidan que antes de llegar pasaron dos meses hablando con el reportero del lugar, para que él conversara con la gente e hiciera los contactos de las entrevistas”, dice Luis Antonio, sobre las dificultades que encuentran los locales para ejercer el oficio.
“Vienen dos o tres días, hacen su trabajo, alborotan el panal y se van. No les pasa nada. Nadie sabe bien de dónde vienen, mucho menos en dónde viven. No tienen familia aquí ni los conoce nadie. Pero uno que tiene toda la vida aquí, y todo mundo nos conoce, pues es diferente. Aquí sí pasan cosas”, detalla.
Eso explica el voto de autocensura que la violencia ha impuesto a los periodistas de Tierra Caliente, y ante lo que algunos, como Salvador, decidieron proveer información a colegas de otros lugares, como medida de seguridad. Quizá por eso, tras su desaparición, se pretendió correr la versión de que era informante. Porque sí, dotaba de información sobre lo que pasaba en la región a otros periodistas, a quienes la distancia blinda de correr los riesgos que tienen aquellos que viven en el lugar.
El celular de Salvador
Cuatro horas antes de que se lo llevaran, Salvador Adame había sostenido una conversación vía Whatsapp con un reportero de un periódico nacional. El chat no abordaba un tema menor, giraba en torno a una grabación proveída por Salvador, en la que el jefe de plaza del grupo delictivo denominado Los Viagra, amenazaba de muerte a sacerdotes de la región. En la carpeta de investigación que por su desaparición abrió la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin embargo, no existió nunca la posibilidad de que ese haya sido el móvil del crimen.
El equipo telefónico del periodista había sido encontrado por los dos familiares que acompañaban a Salvador la tarde de su secuestro, y sería entregado a la Fiscalía, que tampoco siguió, pese a su contenido, esa línea investigativa.
Pero la delincuencia organizada no es el único motivo de preocupación para los periodistas de ésta y otras regiones del estado. Las autoridades municipales han venido a ocupar un papel más relevante de presión, acoso y agresión. Las informaciones sobre la realización de obras; el manejo irregular de recursos; la inconformidad social y las movilizaciones son motivo de persecución, ataque y violencia contra comunicadores.
“Salvador durante muchos años encontró cómo decir lo que ocurría, porque nunca publicaba las cuestiones relacionadas con los problemas de inseguridad. Siempre fueron asuntos de tipo social o de tipo administrativo, de funcionarios. Se metió más a la parte de información general y eso le ayudó por lo menos a tener una carrera de tantito menos riesgo. Por lo menos eso parecía porque ahora ya vimos que no”
Gobierno municipal en la mira
Salvador era consciente de los riesgos en su trabajo. Sus mayores preocupaciones sobrevinieron luego del seis de abril de 2016, cuando durante la cobertura de una protesta frente a la Presidencia Municipal de Múgica, fue detenido, junto a su esposa, por elementos de seguridad, encabezados por el alcalde Salvador Ruiz Ruiz, quienes le propinaron una golpiza a él y a su esposa Frida.
Antes de la detención de Salvador Adame, ya habían desaparecido un vocero del movimiento de protesta, y un exalcalde, por el mismo motivo. Por eso, en esa ocasión, Salvador y Frida pensaron que los iban a desaparecer también. A él lo golpearon cuando quiso evitar que a ella la detuvieran. Lo metieron solo en una patrulla. A ella la subieron en otra en la que iban más mujeres detenidas. La tiraron al piso de la camioneta y la fueron pateando durante el camino.
Salvador contaría luego de la experiencia, que si no fuera porque consiguió publicar en su cuenta de Facebook, desde su celular, que él y su esposa habían sido detenidos, su final habría sido otro. La muerte probablemente. Desde entonces el periodista le dio instrucciones a su esposa, por si una situación similar volvía a repetirse. “Me dio un número de la organización Artículo 19, me dijo que si llegaba a pasar algo, que no dijera nada, que me fuera con mis hijos y que cuando regresara, que no tuviera miedo”, recuerda Frida para este informe.
Las diferencias entre Salvador y el alcalde eran conocidas por familiares y amigos, a tal punto que éstos, en sus declaraciones, lo señalaron como el único en tener problemas con el periodista. Por eso cuatro días después de la desaparición de Salvador, el alcalde presentó su declaración ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría local. Ahí esbozó su relación con el periodista desde el 2009, atribuyendo sus desencuentros a la supuesta falta de un convenio de publicidad.
“Salvador Adame me mandó algunos mensajes de texto reclamándome que había cambiado muy pronto mi forma de ser, y que había olvidado el apoyo que él me había dado, por lo que yo traté de evitar estar en comunicación con él, ya que no me pareció correcto que se haya molestado conmigo solamente por haberme tardado en contestarle. Pero la reacción de Salvador Adame fue comenzar a desprestigiarme y hacer comentarios negativos de mi persona en el noticiero que tenía en su canal de televisión”, declaró el alcalde Ruiz Ruiz, según registra el expediente del caso.
En su declaración, sin embargo, Ruiz no abundó ni fue cuestionado sobre los hechos acontecidos en abril de 2016, cuando Adame y Frida fueron detenidos por la Policía Michoacán. Al alcalde jamás se le llamó nuevamente a declarar.
#NiUnoMás Michoacán
En Michoacán la desaparición de Salvador movilizó al gremio periodístico local, que salió a las calles en acompañamiento a la familia de Adame para exigir su localización y presentación con vida. El Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría, había ejercido presión entre los familiares de Salvador para que el tema no se difundiera en la prensa, bajo el argumento de no entorpecer las investigaciones.
Aglutinados en el colectivo #NiUnoMás Michoacán, el 31 de mayo de 2017, un total de 89 periodistas presentaron denuncia penal por la desaparición de Salvador, requiriendo al amparo de los artículos 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ser reconocidos como víctimas indirectas.
La Procuraduría General de Justicia del Estado jamás emitió declaratoria alguna reconociendo o rechazando la calidad de víctimas indirectas de los periodistas, quienes preveían una respuesta oficial de rechazo para llevar el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que ahí se estableciera un criterio al respecto.
La que si emitió postura fue la Procuraduría General de la República –hoy Fiscalía General-, que el 26 de junio de 2017, en respuesta al oficio tramitado por los periodistas, respondió: “Su petición no es procedente conforme a derecho, pues las víctimas indirectas de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, son únicamente los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa, que tengan una relación inmediata con ella”.
Ante el Senado de la República y la Cámara Federal de Diputados, los comunicadores exigirían intervención para la atención del caso de Salvador, demandando además una reforma al Código Penal Federal que incorporara un tipo penal específico, para sancionar los actos contra la libertad de expresión, intentando de esa manera inhibir su proliferación.
La muerte presente
“Estoy muy enojada… los hombres no deben llegar muertos a su casa”, dijo Navidad, hija mayor de Salvador, luego de caer de rodillas, ahogada en llanto frente al hogar de sus padres. Era el 22 de septiembre de 2017, y el féretro con los restos del comunicador acababa de ser colocado en la sala del inmueble, para ser velado.
Tres meses antes, el entonces procurador del Estado, Martín Godoy Castro, frente a la presión pública, había anunciado el hallazgo de los restos de Salvador en un lugar conocido como “Barranca del Diablo”, sobre la carretera que conduce de Nueva Italia a Lombardía, en el al municipio de Gabriel Zamora.
Los restos eran, en específico, un hueso largo, otro curvo, y una serie de fragmentos óseos con alteraciones compatibles con carbonización y calcinación, los cuales se encontraban esqueletizados, según el Dictamen Osteológico, emitido por la Dirección de Servicios Periciales. Su localización fue producto del azar, conforme se desprende de la revisión de la carpeta de investigación.
El siete y el ocho de junio las autoridades habían realizado ya rastreos sin éxito en las inmediaciones del puente “El Marquez", con el apoyo de un helicóptero y unidades caninas. Una semana después tras una llamada anónima, se efectuó una nueva búsqueda –ya con perito criminalista y médico forense- en la curva conocida como "Barranca Del Diablo", donde se encuentran varios nichos con alusión a la Santa Muerte. En uno de ellos se encontraron los restos de Salvador Adame.
“Yo me di cuenta que Salvador tenía problemas económicos, ya que se dice en Nueva Italia que le debe más de dos millones de pesos a productores de toronja, así como en Lombardía quedó a deber dinero. Pero en sí no sé a qué personas les debe; asimismo sé que Salvador aparte de su esposa tiene otras tres queridas pero no sé quiénes sean estas mujeres”, consigna en la investigación un informante de gobierno, esos que comúnmente se les conoce como “orejas”. Es toda la información que da.
La sola declaración permitiría a las autoridades reforzar la versión oficial sobre la desaparición de Salvador. Una más cómoda para el gobierno, y más funcional al poco diligente trabajo del estado para hallar culpables: un “lío de faldas”, y presuntas deudas.
Las pesquisas sobre los asuntos periodísticos que Salvador venía investigando, tales como la construcción de una gasolinera por parte de presuntos líderes delincuenciales; la fallida construcción de Ciudad Mujer; las irregularidades en el arreglo de la Avenida Lázaro Cárdenas por parte del Gobierno Municipal; y los desencuentros con el alcalde Salvador Ruiz Ruiz, fueron magramente abordados en la carpeta de investigación. Las indagatorias sobre el caso no contienen diligencias más allá del 2017; el caso permanece congelado y hasta el momento no hay un solo detenido.
Tras dos pruebas consecutivas de ADN para determinar si los restos correspondían al periodista, su familia aceptó los resultados. Frida y sus hijos tuvieron que abandonar su vida en Múgica, de donde salieron por temor. Para sostenerse venden comida por las noches. Vecinos y periodistas son sus principales clientes.
