Desde el año 2000 a la fecha, 40 periodistas han sido asesinados en Guatemala, y solo en tres casos se consiguió condenar a los autores materiales. Como en los 37 casos restantes, la muerte de Laurent Castillo y Alfredo de León corre el riesgo de encontrar culpables.
El 1 de febrero de este año, unos cortadores de caña de azúcar encontraron, entre unos cañaverales, a dos hombres atados de pies y manos con señales de violencia, y con al menos tres tiros cada uno.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alfredo de León Miranda, diseñador gráfico y publicista de radio Coatepeque, y Laurent Ángel Castillo Cifuentes, corresponsal de Nuestro Diario, de Canal 5 Punto Rojo, y de la revista Mi Coatepeque Cultural.
Las primeras informaciones, en radio Sonora, decían que Laurent Castillo había desaparecido mientras trabajaba en la investigación de un tema periodístico. Sin embargo su padre, Ángel Castillo, también comunicador y periodista, afirma que Laurent salió el domingo 28 de enero de su casa para ir a cubrir el Carnaval de Mazatenango, y se mantuvieron en comunicación hasta ese día por la mañana.
Apareció varios kilómetros lejos del lugar de dónde se supone habría estado trabajando: en la Finca Cristalina, comunidad Conrado de la Cruz, Aldea Bolivia, Mazatenango, Suchitepéquez.
Los cuerpos de ambos comunicadores fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para la autopsia. El documento oficial dice que fueron encontrados en la vía pública de Suchitepequez, Santo Domingo. La partida de defunción dice que fue un "homicidio por herida perforante por arma de fuego, y laceración cerebral". La de Luis Alfredo de León dice "homicidio por herida producida por arma de fuego en el cráneo, laceración cerebral y fractura multifragmentaria en la bóveda craneana".
Ambos fueron enterrados en el cementerio general de Coatepeque. Durante el cortejo fúnebre, familiares, amigos, periodistas y vecinos de Coatepeque, pasaron frente al Ministerio Público para exigir que se resuelva el crimen. Sus colegas cargaban un cartel que decía "No se mata la verdad, matando al periodista".
Un país difícil para hacer periodismo
Del gremio periodístico son los corresponsales de provincia, o departamentales, quienes se encuentran menos protegidos. Según las estadísticas de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas, las denuncias que más reciben incluyen amenazas, coacción y lesiones leves.
En su primer informe trimestral del 2017, el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA) informa que los departamentos de Escuintla, Quetzaltenango y Guatemala tienen un alto riesgo alto para el ejercicio del periodismo. La medición proviene de un mapa de riesgo elaborado por esta institución, con base a un monitoreo de prensa. "La base de datos cuenta con información sistematizada y verificada desde el año 2012. Es alimentada diariamente y cuenta con indicadores tomados de la Ley contra la Delincuencia Organizada", refiere el informe.
Coatepeque es un municipio del departamento de Quetzaltenango, que fue considerado uno de los 15 más violentos del país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene una tasa de homicidios de 157 por cada 100,000 habitantes. Coatepeque es parte de un corredor de violencia que atraviesa la costa atlántica, y llega hasta la frontera con México. Narcotráfico y pandillas reinan en las noticias del lugar.
En el 2017 la lista de agresiones contra periodistas la encabeza el departamento de Guatemala, con ocho; le siguen Zacapa, Suchitepéquez y Quetzaltenango, cada uno con un caso registrado. Algunos de los principales actores responsables de los ataques contra la prensa son los funcionarios de distintos niveles del Estado, así como miembros de la policía.
Como un ejemplo de un caso que avanza lentamente, el pasado de enero del 2018, el diputado oficialista Julio Juárez perdió su inmunidad parlamentaria y fue detenido como supuesto intelectual del asesinato de otros dos periodistas: Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, y Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, asesinados en Mazatenango, en el 2015.
El tipo de relación –tensa- entre autoridades y la prensa es crítica, y tuvo un pico dramático apenas unos días antes de la muerte de los comunicadores. Álvaro Arzú Irigoyen, ex presidente de Guatemala, y actual alcalde capitalino, dijo en un acto público, junto al presidente Jimmy Morales: "Guatemala es un pueblo hoy difamado, así es, pero es difamado por nosotros mismos, por nuestro medios informativos. Por eso es que tendremos que pasar por encima de las cabezas de los medios de comunicación negativos y nos vamos a subir las mangas, vamos a tener la suficiente pasión, definición y fuerzas para recomponer y hacer renacer nuestra patria. Guatemala lo merece".
La polémica declaración levantó la alerta en varias organizaciones de periodistas y derechos humanos en Guatemala y en el mundo.
Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos en Guatemala, presentó el 1 de marzo del 2018, el Informe Anual Circunstanciado 2017, donde destaca que el año pasado en Guatemala se denunciaron al menos 95 ataques contra periodistas, y tres asesinatos. Durante el 2016 la cifra fue de nueve periodistas muertos violentamente en todo el país, según información del Observatorio de los Periodistas de la agencia Cerigua. Y según la unidad fiscal para periodistas, en ese mismo año se realizaron 120 denuncias de ataques contra comunicadores, mientras que durante el 2017 fueron 95 las denuncias. Por su parte la ONG UDEFEGUA contabilizó 30 ataques contra periodistas y reporteros entre enero y octubre de 2017.
Investigación e hipótesis
Vilma Vicenta Tuch Cortez, agente fiscal de la Unidad de Delitos contra Periodistas, de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, se excusó de brindar información sobre el avance de las investigaciones, porque señala que el Juzgado de Primera Instancia declaró el caso "bajo reserva".
Ángel Castillo, padre de Laurent Castillo, dijo vía telefónica para este informe que no cuenta con un abogado que lleve el caso de su hijo, a quien recuerda como colaborador de su revista redactando textos y tomando fotografías. "Él siempre tuvo una vocación periodística, que viene de una tradición familiar de más de 70 años".
Quien también recuerda a Laurent Castillo es Rosa Elisa Pérez Escobar, su compañera de estudios. "Era muy buena gente, no se metía con nadie. Pensé que había tenido un accidente. Y me sorprendió que apareciera tan lejos del centro". Dice que entre los amigos del periodista nadie maneja una hipótesis del móvil del crimen. Según Rosa Laurent no se dedicaba a hacer investigaciones periodísticas, y trabajaba más bien en notas locales y culturales.
Luis Aguilar, graduado de abogado de Coatepeque y amigo de Laurent, asegura que Castillo también trabajaba haciendo notas para Canal 5 Punto. En ese medio asegura que el comunicador sí cubría temas importantes. "A mí me apoyó con varios casos. Hizo notas importantes, como cuando descubrimos un caso de corrupción: una estructura de desfalco. También hizo informes que implicaban a fiscales del Ministerio Público, Policía Nacional Civil, ex alcaldes, y el Comité de Unidad Campesina". Los informes a los que se hace referencia no están disponibles en internet, pues fueron producidos para un canal de cable local. El medio ofreció en un primer momento entregar una copia de las notas de Laurent, pero el ofrecimiento no se concretó.
Por su parte, Rudy López, otro periodista y comunicador local, comenta que Laurent Castillo había recibido llamadas de amenaza. Tanto que ya había sacado la ropa de su casa y no estaba viviendo con sus padres. "Nuestro trabajo aquí es complicado, cuando capturan a alguien por narcotráfico, a sicarios o a "mareros", nosotros siempre recibimos amenazas. Cuando uno graba en video, la gente a uno lo maltrata y amenaza de muerte. Los alcaldes no quieren que se saque nada en contra de ellos tampoco".
Rosa Elías Pérez, Miriam Sandoval, Luis Aguilar y Rudy López coinciden que Luis Alfredo Girón, el compañero que apareció muerto junto a Laurent Castillo, no era periodista, ni comunicador, era diseñador gráfico. Se intentó buscar notas de prensa o referencias de él como periodista y no se halló ningún trabajo firmado por él.
¿Qué hacer?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, condenó el asesinato de los periodistas y expresó su grave preocupación frente a estos crímenes, instando a las autoridades guatemaltecas a actuar con prontitud y diligencia para aclarar si los mismos estuvieron vinculados al ejercicio del periodismo e identificar y sancionar a los responsables.
"Una investigación que no pondere aspectos vinculados con el contexto de la región, así como la actividad profesional del periodista, tendrá menos posibilidades de conseguir resultados. La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación", dijo en su comunicado la CIDH.
Esta instancia internacional ha insistido en que el estado de Guatemala avance en la creación de un mecanismo que esté en armonía con los parámetros internacionales y en concordancia con las organizaciones de periodistas, trabajadores de medios y sociedad civil.
Este intento por implementar un programa de protección para periodistas guatemaltecos comenzó bajo el mandato del ex presidente Otto Pérez Molina. Pérez se comprometió a ello en Ginebra, en 2012. En julio de 2016, Jimmy Morales, presidente actual, dio su aval a la propuesta, también presentada por una alianza de 16 asociaciones entre cámaras y entidades de prensa, de la capital y de los departamentos; además de organismos internacionales como Freedom House, Reporteros Sin Fronteras, CPJ; IFEX, entre otros.
Sin embargo, en marzo de 2017, el gobierno suspendió el proceso de creación del programa, pues diversos gremios profesionales hicieron pública su disconformidad, alegando su ilegitimidad y falta de representación de los sujetos a proteger.
Desde el 2000 a la fecha, son casi 40 los periodistas y comunicadores sociales que han sido asesinados: y solo existen tres sentencias condenatorias para los autores materiales de estos los crímenes. No existe una sola sentencia contra los autores intelectuales.
