A treinta años de su asesinato, la justicia peruana no ha conseguido condenar a uno de los supuestos responsables del atentado contra Hugo Bustíos, el periodista que reportaba el horror, en la zona roja de la violencia política en el Perú. El inicio de un nuevo juicio podría cambiar la suerte de un popular político, acusado por la Fiscalía de participar en el crimen.
El pasado 12 de abril, una última grieta de esperanza, en el Poder Judicial peruano, se abrió para el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos. La Sala Permanente de la Corte Suprema declaró nula una sentencia previa, que desestimaba responsabilidad en uno de los acusados de perpetrar el crimen, acontecido en Ayacucho, una ciudad de la sierra central del Perú, en 1988.
El acusado es un ex militar, convertido a político, de particular exposición mediática en los últimos años, luego de desempeñarse como ministro del Interior, candidato presidencial, y postulante al sillón municipal de Lima. Daniel Urresti deberá volver a juicio, luego que una resolución judicial lo había librado de ir a prisión, en plena campaña electoral, por la administración de la capital
La Corte Suprema, el máximo ente judicial del país, ha ordenado un nuevo proceso en el caso Bustíos, luego de observar que no se ponderaron todos los elementos y pruebas, documentales y testimoniales, con los que la Fiscalía había construido la acusación contra Urresti. El ex militar tuvo a su cargo el orden interno, en la zona de mayor conflicto del país, durante el periodo de violencia política peruano.
¿Por qué un destacamento militar atentó contra Bustíos, un periodista que retrataba la violencia in situ? ¿Por qué 30 años después, no todos los supuestos responsables del hecho han sido correctamente procesados? ¿Qué apunta a Urresti, uno de los políticos peruanos de mayor recordación? El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) vuelve al lugar de los hechos, para reportar el atentado contra un periodista, que mayor conmoción causó en el país.
Huanta, Ayacucho
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), un equipo profesional al que el estado le encargó investigar las causas y consecuencias de la violencia política en el país –acontecida entre 1980 y el 2000-, calculó en 65,000 las víctimas mortales durante ese periodo, producto del enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA. El 40% de esas muertes ocurrieron en el departamento de Ayacucho.
A Ayacucho se llega volando 45 minutos desde Lima; y a la tierra de Hugo Bustíos, el distrito de Huanta, una hora después, en auto. A 15 minutos de su plaza central, atravesando un camino polvoriento, que conecta con la zona agrícola, una lápida aparece en la orilla izquierda de la carretera. Exactamente allí, un 24 de noviembre de 1988, una patrulla militar detuvo el tránsito de Bustíos, le disparó a matar, e inmediatamente dinamitó su cuerpo.
"En este punto se le recuerda. Sus restos están enterrados en el cementerio del pueblo. Allí se le acaba de rendir un homenaje, a 30 años de su muerte". La voz es de Celia Bustíos, una de las hijas de Hugo. De aquel día ella tiene recuerdos borrosos, era una niña. Pero lo que no olvida es cómo Huanta había llegado a normalizar la violencia. "Cuando salía con mis amigos a jugar, podías encontrar cuerpos tirados en la plaza central. Hombres y mujeres asesinados, no se sabía si por Sendero (Luminoso), o por los militares"
.Ese era el tipo de hechos que reportaba el periodista Hugo Bustíos: los centenares de personas que iban apareciendo muertas en Huanta. Su compañera, una cámara. Sus fotografías aparecían publicadas en la revista Caretas, una importante revista política editada en Lima. La capital, que aún no vivía la violencia en carne propia, empezaba a conocer lo que se gestaba en el ande, en buena parte, gracias al trabajo de Bustíos.
El problema para el periodista –o para los militares, en realidad- fue cuando empezó a conocerse que buena parte de esas víctimas, venían siendo ejecutadas por el Ejército, la institución a la que el gobierno de turno había encargado la lucha contra la subversión. Eran tiempos en que una mínima sospecha justificaba un disparo oficial. Y así lo informaba también Bustíos desde Ayacucho. En muy poco tiempo, se convirtió en un hombre incómodo para las fuerzas del orden.
Cómo se llegó hasta aquí
Hugo Bustíos se encontraba en plena comisión de trabajo. Se trasladaba junto a un colega, Eduardo Rojas, para cubrir un nuevo asesinato en Erapata, anexo de Huanta. Fue cuando, pese a identificarse como periodistas, fueron intervenidos sin más razones que el disparo. La moto cae con ellos. Rojas consigue huir, mientras escucha, a sus espaldas, una explosión: los hombres que los atacaron, acababan de detonar el cuerpo de Bustíos, con una granada.
El asesinato del periodista se intentó explicar, desde las Fuerzas Armadas –que resguardaban la zona-, como una emboscada de Sendero Luminoso. Pero esa era la manera en que el Ejército solía sacarse de encima crímenes, que se confirmarían luego como de estado. La diferencia, aquí, es que había una testigo. Alguien que había visto toda la escena, desde la ventana de su casa. Su testimonio, 30 años después, se mantiene vital, y ha sido una de las piezas clave de la Fiscalía para apuntar a Daniel Urresti.
Solo la presión de los medios, desde Lima, consiguió que la justicia militar abriera una investigación, que meses después archivó el Consejo de Guerra Permanente. Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que el caso se investigue en fueros civiles, por lo que una fiscalía ayacuchana emprendió una investigación que varios años después dio con dos responsables. Los militares Víctor La Vera y Amador Vidal, fueron sentenciados a 15 años de prisión por su participación en el crimen.
Pero ya en prisión, uno de los dos condenados, Vidal, aportó nueva información. Había un implicado más en el caso, que no había sido procesado, y seguía en libertad. El nombre de Daniel Urresti, hasta entonces, era conocido solo en el ámbito militar. Faltaban unos pocos meses, para su ingreso a la política.
El ministro y la testigo
El 23 de junio de 2014, desde Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Ollanta Humala, tomó juramento a su nuevo ministro del Interior. Un ex militar del que solo se sabía que había servido en la zona de emergencia, durante los años 80. A la prensa le tomaría muy poco tiempo saber que Daniel Urresti, el flamante ministro, afrontaba una seria denuncia: era acusado de participar directamente en el asesinato del periodista Bustíos, en 1988.
La acusación lo persiguió durante toda su gestión, mientras intentaba sacar el tema de la agenda pública, enfocándose en grandilocuentes y muy mediáticos "mega operativos" contra la delincuencia. Ya sea por un tema u otro, sus múltiples apariciones en medios volvieron popular su rostro, al punto que alguien, a cientos de kilómetros de Lima, lo reconoció. "Es el capitán Arturo, estoy segura".
Ysabel Rodríguez, la testigo que presenció el asesinato de Bustíos, escondida tras la ventana de su casa, reaparecía desde Ayacucho, 30 años después, para ofrecer detalles hasta entonces desconocidos. Para cuando su testimonio se hizo público, Urresti había dejado el cargo de ministro. La Fiscalía, en 2018, lo acusó formalmente, y lo llevó a juicio, pidiendo para él 25 años de prisión por participar del asesinato del periodista.
Ysabel, ubicada en Huanta para este informe, dijo que se reafirmaba en cada uno de los extremos de lo que dijo en el juicio. En la audiencia, en la que le tocó encarar a Urresti, contó, además, algo que no esperaba la sala. Acusó al ex ministro, de haberla abusado sexualmente, días después del asesinato de Bustíos, como medio de coerción y amenaza, para que nunca cuente lo que vio. La revelación paralizó al auditorio.
Pero tras la presentación de evidencia documental y testimonial, por parte de la Fiscalía, la Sala Penal Nacional del Poder Judicial, decidió absolver a Urresti. Esa es, precisamente, la resolución judicial que acaba de ser revocada. La sentencia absolutoria ha sido declarada nula, como se ha dicho, porque para la Corte Suprema, la sala no supo evaluar a cabalidad toda la información con la que contaba.
No solo Celia y Sharmelí Bustíos, ambas hijas del periodista, esperan por justicia, desde Ayacucho; el caso ha movilizado en Lima a colectivos y gremios profesionales, que esperan que esta última instancia judicial en el Perú determine responsabilidades.
