Jairo de Sousa fue asesinado a tiros en 2018 en la ciudad de Bragança, en Pará. El locutor recibía amenazas a causa de las denuncias que hacía contra políticos y empresarios locales
La espera molesta y prolonga el luto de Jadi de Sousa. Han pasado más de tres años y cuatro meses desde que su hermano, el locutor Jairo de Sousa, fue asesinado a tiros el 21 de junio de 2018, en la ciudad de Bragança, en el estado de Pará, en el interior de Brasil. Una demora que, para Jadi, es impunidad.
Jairo tenía 43 años cuando fue víctima de homicidio. Fue baleado cuando llegaba a trabajar en la radio Pérola FM, ubicada en el centro de la ciudad, donde era el responsable del programa “Show da Pérola”. En sus transmisiones, Jairo criticaba la administración local y denunciaba licitaciones irregulares, compras de votos y falta de alimentación para los niños en las escuelas. Su actuación como periodista se apunta como principal motivo para el crimen.
El Ministerio Público de Pará (MP) denunció a 11 personas involucradas en el asesinato; para nueve de ellos, la Justicia aceptó el pedido de prisión preventiva. Sin embargo, apenas uno de ellos permanece preso, y otro está fugitivo. Los demás fueron puestos en libertad con autorización judicial. De acuerdo con las investigaciones, la muerte de Jairo fue encargada por el concejal de Bragança, César Monteiro, acusado de contratar un grupo de sicarios para matar el locutor, un trabajo por el que habría pagado R$ 30 mil, unos cinco mil dólares al tipo de cambio. El jefe de la banda, según el MP, es José Roberto Costa de Sousa, conocido como "Calar". Él habría determinado que Dione de Sousa Almeida disparase para matar al periodista.
El seguimiento de la acción penal contra los acusados del homicidio es una tarea diaria, pero Jadi, hermano de la víctima, no abre mano y tampoco admite descanso. No solo por el lazo sanguíneo con Jairo, sino también por el deber profesional: él también es periodista y presenta un programa en la televisión local.
“Yo hago un programa en la televisión, hago denuncias, pero con mucha más cautela ahora. El periodismo en una ciudad del interior es una profesión peligrosa, extremadamente peligrosa. Manda quien tiene dinero, es un peligro constante. Si yo pudiera desaparecer de aquí ya habría salido, es que no tengo otro medio para sobrevivir, sino me habría ido de aquí”, dice Jadi, de 43 años, la misma edad que su hermano tenía cuando fue asesinado.
La denuncia fue hecha por el Ministerio Público el 26 de enero de 2019. Desde entonces, seis audiencias de instrucción de juicio, en las que el juez escucha a los testigos de acusación y defensa, han sido realizadas. Y aún faltan personas a ser oídas por el juez.
“Ese juicio provoca mucha indignación en la familia, en mí, porque éste no tiene fecha marcada. Hay mucha burocracia, la investigación policial, se pasa para el Ministerio Público, el Ministerio Público manda para la Justicia y se realizan las audiencias para después marcar el juicio. La justicia aún no ha finalizado esas audiencias. Nosotros estamos aguardando que sean terminadas. Ya son más de tres años y no tenemos fecha del juicio”, critica Jairo Júnior, de 21 años, hijo del locutor asesinado.
La pandemia producto del coronavirus también hizo el proceso judicial más prolongado. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el mundo enfrentaba una crisis sanitaria, y, en Brasil, la noticia resultó en cancelación de procedimientos en la Justicia, o la adopción de videoconferencias como medio de audiencias.
“Yo sinceramente tengo dudas si hallaremos justicia. Confié en algunos delegados, pero creo que el dinero prevalece en una ciudad pequeña cuando uno no tiene apoyo de fuera de las autoridades para hacer presión. Aquí en nuestra región es difícil creerle a la justicia”, dice Jadi. El Ministerio Público y el Tribunal de Justicia de Pará fueron buscados para el reportaje, pero no quisieron manifestarse.
El crimen
El programa de Jairo de Sousa animaba el desayuno de los habitantes de la región, que se levantan temprano para trabajar. Era por medio de la voz del locutor que la comunidad tomaba conocimiento de denuncias como obras realizadas por empresas que pertenecen a parientes de alcaldes y secretarios; falta de merienda escolar; edictos con licitaciones direccionadas; y oferta de empleo hecha por secretario a concejales a cambio de votos y apoyo político. El programa diario empezaba a las 5 de la mañana, y Jairo llegaba a la radio poco antes de ese horario. Sus verdugos lo sabían.
Los comentarios “ácidos” proferidos por el comunicador cosecharon amenazas. Por ese motivo, hace 12 años se cuidaba de un posible atentado, y usaba chaleco a prueba de balas, conforme testimonio de su exmujer, Cristina Sousa. Por alguna razón, sin embargo, la madrugada de 21 de junio de 2018, Jairo salió de casa con el equipo de protección que se había convertido en su atuendo habitual.
Imágenes de las cámaras de seguridad en la calle revelaron la dinámica del crimen. El locutor fue baleado cuando subía la escalera del edificio donde se ubica la radio. Uno de los videos muestra cuando el asesino sale de un coche, por el lado del copiloto. Según las investigaciones, esa persona era Dione, que camina lentamente en dirección al edificio y, poco después, vuelve corriendo para el vehículo, donde lo esperaban otros dos cómplices. El asesino entró por otro lado del coche y se sentó en la fila de atrás. El automóvil dejó el local en disparada.
Pero las investigaciones también identificaron la participación de hombres que en un segundo coche. Este otro vehículo permaneció parado próximo al edificio de la radio, para dar soporte al asesino e identificar a la víctima. El autor de los disparos alcanzó a Jairo dos veces en la lateral del abdomen. Herido, el locutor corrió, pero cayó antes de llegar a la cima de la escalera. Fue socorrido y llevado al Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, donde murió. El asesino había usado un revólver calibre 38.
El motivo
Después del asesinato de Jairo, una lista de personas amenazadas de muerte apareció en Bragança. Además del locutor, los integrantes de un grupo que investigaba la administración pública, y hacía denuncias, también estaban marcados para morir. El abogado y concejal Rivaldo Miranda (PMDB), el empresario Gleidson Veras y el reportero Ronny Madison, de la Radio Educadora, integraban la relación de amenazados.
“No había motivo para quedarse, mi familia estaba desesperada y con miedo de morir. Entonces dejé Bragança en 2020. Yo vivía en un barrio más alejado, en un sitio, cerca de la carretera para Viseu. Había pocas casas por allá, era más propicio para que alguien hiciera una emboscada, la carretera era oscura. Yo anduve mucho tiempo con chaleco a prueba de balas, le pedía seguridad a la policía, solo andaba cerca de los amigos policiales. Pero llegó un momento que no aguanté más”, dijo el periodista Madison, que ahora vive en el interior de São Paulo, a casi 3 mil km de Bragança.
Madison todavía se acuerda cómo comenzó a actuar el grupo periodístico. Al principio, cada uno de los miembros trabajaba por su cuenta, después decidieron juntarse, investigar en grupo y reunirse reservadamente para planear las averiguaciones. Con el tiempo, pasaron a molestar a los poderosos de la región. Madison afirma que llegó a recibir ofertas en dinero para dejar de cumplir su papel periodístico. Él comenzó a recibir amenazas después de los rechazos, que ocurrieron incluso antes de la muerte de Jairo de Sousa.
Entre las denuncias investigadas por el equipo periodístico, y llevadas al público en el programa de radio presentado por Jairo, una se destaca y es apuntada como causal del asesinato. Se trata de la sospecha relacionada a los contratos de la Torre Forte Terraplenagem con la Municipalidad de Bragança para la realización de las obras de pavimentación, en escuelas y unidades de salud. La Torre Forte pertenecía a dos sobrinos del concejal César Monteiro, aliado de Raimundo Nonato, alcalde de Bragança. Nonato gobernaba el municipio en la época del crimen y continúa hasta hoy en el puesto. Buscado para declarar como parte de este reportaje, decidió no dar declaraciones.
Según consta en el proceso, Monteiro habría negociado la muerte de Jairo con Calar, apuntado como líder de un grupo criminal que actúa en la región de Bragança. La pandilla sería responsable por varios asesinatos cometidos en cambio de dinero.
Listado como una de las personas sentenciadas de muerte, Miranda no cree que Monteiro haya encabezado el intento de silenciar el grupo investigativo responsable por las denuncias sobre los contratos de la Municipalidad de Bragança. Para él, hay personas más poderosas que el concejal por detrás del asesinato de Jairo de Sousa.
“Para mí hay más personas involucradas que saldrán impunes. Ya están impunes los mandantes, porque yo no consigo creer en ningún momento que el concejal César de hecho fue el idealizador, el pensante, el financiador de ese crimen. Yo creo que él fue un instrumento, un intermediario entre los superiores y entre los asesinos”, dijo Miranda, que sigue viviendo en Bragança. Él fue candidato a alcalde en las últimas elecciones, pero quedó en tercer lugar.
Un testimonio clave
El 19 de octubre de 2020 -algunos días después de la divulgación de los videos-, un delator buscó a la policía para contar lo que sabía. El testigo identificó al asesino como Diones de Sousa Almeida, que sería miembro de una pandilla de sicarios liderada por Calar. En su testimonio, el delator contó que Calar intentó hacer una emboscada durante una noche entera, en un camino que daba acceso a la residencia donde el locutor vivía con su mujer. Pero que, sin embargo, en aquella ocasión Jairo de Sousa no volvió a casa. Consta en el proceso que Calar entonces habría decidido cometer el crimen en la radio donde la víctima trabajaba, “pues estaba seguro que allá él aparecería, y fue lo que ocurrió, y por eso la víctima fue emboscada en las escaleras del acceso al local donde trabajaba”.
De acuerdo con el delator, Calar fue contratado por políticos locales, entre ellos el concejal César Monteiro. La muerte de Jairo de Sousa habría costado el valor de R$ 30 mil reales. Las investigaciones avanzaron después de esa delación. El 11 de enero de 2019, el promotor Luiz da Silva Souza, de Bragança, formalizó denuncia contra 11 personas involucradas en el asesinato. Entre ellas el concejal, acusado de encargar el crimen. Los demás denunciados son acusados de integrar la pandilla de sicarios.
Como parte del proceso judicial, Monteiro parece haber conseguido lo que quería. Una decisión de la Justicia del 7 de febrero de 2020 determinó el desmembramiento del proceso. Con la sentencia, el concejal Cesar Monteiro se aleja del grupo acusado de cometer asesinatos a cambio de dinero y pasa a ser blanco de una acción judicial que va a tramitarlo en separado.
El proceso contra la pandilla de sicarios prosigue con lentitud. La última audiencia de instrucción y juicio ocurrió el 19 de mayo de 2021. Tanto Calar como Diones, que sería interrogados, estaban presos en la época de la audiencia, sin embargo sus abogados, en la ocasión, presentaron requerimientos por la revocación de la prisión preventiva de los acusados.
El 27 de mayo, el juez Vasconcelos Dias les concedió la libertad a cuatro acusados: Calar, Dione de Sousa Almeida, Jadson Roberto Reis de Sousa y Madson Aviz de Melo. Apenas Dione fue suelto. Los demás acusados permanecieron detenidos pues había mandatos de prisión en vigencia por otros crímenes cometidos. El caso se mantiene impune.
