La Fiscalía General del Estado de Ecuador no ha provocado una investigación real ni eficiente del secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, del diario El Comercio, a manos de una disidencia de las FARC. El triple crimen corre el riesgo de convertirse en una investigación de violencia común.
Fueron 18 días difíciles, iluminados tan solo por la luz lejana de un posible milagro. La leve esperanza terminó la tarde del 12 de abril de 2018, como una estampida de aturdimiento y dolor. La filtración de las fotografías del crimen de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, en el fronterizo departamento de Nariño, Colombia, le impuso a la prensa ecuatoriana un insuperable golpe. Cientos de personas acudieron al día siguiente a la Plaza de la Independencia de Quito, centro del poder político del Ecuador, a esperar el pronunciamiento del presidente Lenín Moreno, que dio un ultimátum, exigiendo pruebas de vida a los secuestradores, pero el silencio a su requerimiento lo debió ratificar ante el país con la frase: “Lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”. Entonces los presentes en esa plaza se partieron como un jarrón, y sus trozos, desahuciados, eran incapaces de descubrir el grito que llevaban dentro, como si fuese el poema de Joaquín Marquez.
El crimen fue una conjunción de circunstancias que inició la noche del domingo 25 de marzo. Ese día el equipo llegó al poblado de San Lorenzo, a 18 kilómetros de la frontera norte, como parte de las coberturas de la violenta crisis desatada por narcotraficantes. El 27 de enero el comando policial de esa ciudad fue volado con una poderosa bomba. En febrero un grupo de militares fue atacado en el límite entre los dos países. En marzo un ataque con bomba en el poblado de Mataje acabó con la vida de cuatro infantes de marina; el grupo Oliver Sinesterra, grupo residual de las Farc, que controla a su antojo la provincia de Esmeraldas y el centro y el sur del departamento de Nariño en Colombia, era responsable de los actos. El líder del grupo armado fue identificado como Walther Arízala Vernaza, llamado Guacho.
La mañana del 26 de marzo el equipo salió con dirección a Mataje, el caserío de frontera que Guacho controlaba y en el que vivía su madre. Fuerzas Armadas implantaron un sistema de control en la vía para evitar el paso hacia el pequeño poblado. Pero los infantes de marina en ese puesto permitieron el tránsito de los periodistas. Nunca regresaron.
Sesenta y nueve días después, la tarde del 21 de junio, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, escribió en su cuenta de Twitter que habían encontrado tres cuerpos que podían ser de los periodistas secuestrados y asesinados por el grupo Oliver Sinesterra.
El grupo irregular es la evolución de la columna móvil de las Farc Daniel Aldana, que fue liderada por Rambo, el hombre que estructuró las líneas de transporte de cocaína desde Colombia a Ecuador, y que inteligencia ecuatoriana sabe que mantuvo estrecha relación con Guacho y oficiales de policía.
En el operativo de rescate de los cuerpos participaron dos helicópteros y no menos de 60 miembros del GAULA, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad, la élite de las fuerzas armadas de Colombia. Hallaron a Javier, Paúl, Efraín y otro desconocido en dos fosas cavadas a 1,5 metros de profundad. Cerca de ese lugar encontraron los casquillos de 17 balas. Fueron trasladados a Cali, y el 23 de junio el Ministerio de Defensa de Colombia anunció que la identificación de los periodistas fue posible por el estudio de sus cartas dentales. El 27 de junio los cuerpos retornaron a Quito en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Poco antes de que la nave toque pista el canciller ecuatoriano buscó a Guadalupe Bravo, madre del fotógrafo Paúl Rivas, para brindarle sus condolencias. Ella le dijo: “Le pido señor Canciller que no se olviden de nosotros, no nos cierren las puertas. Solo queremos la verdad”.
La espera
El encierro, la tortura había acabado para el equipo periodístico, pero los familiares apenas empezaban un camino que parece recorrer el oscuro filo de un interminable acantilado.
Viven expuestos al insomnio, dolor, desencuentro que provoca la impunidad. Galo Ortega, padre de Javier, el periodista que dirigió el equipo secuestrado, no ha logrado enfrentar los hechos. En su léxico la frase “mataron a mi hijo” no existe porque es incapaz de pronunciarla. Su dolor es la extensión brutal de las duras semanas de abril que envuelve el entorno de las tres familias, y es una realidad que escapa a la racionalidad burocrática con que se lleva la investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE).
En octubre se cumplieron seis meses de los crímenes y las investigaciones de la fiscalía, que son totalmente reservadas, aportan poco para esclarecer las razones de esos hechos. Incluso el hallazgo más importante del caso, la recuperación del vehículo en que se trasladaron los periodistas, no se ha sometido a pruebas técnicas y análisis de huellas dactilares como explicaremos en esta historia. La abogada y periodista judicial de diario Expreso, Marieta Campaña, lo explica con claridad: “fiscalía cree que los periodistas fueron a buscar a Guacho por su cuenta y riesgo, luego de atravesar la frontera libremente fueron capturados, al ser un delito cometido fuera del Ecuador, la fiscalía solo debe buscar respuestas de los hechos que sucedieron antes del secuestro”.
Establecer que los periodistas fueron los responsables de los hechos que desencadenaron su muerte es una salida que se ajusta a la limitada capacidad de acción y tradición investigativa de la FGE. Los bajos recursos y el exceso de casos que manejan, la indefensión que enfrentan los fiscales para sobrellevar las amenazas del crimen organizado, son causas suficientes para no profundizar las investigaciones y construir una línea argumental de sustento.
En teoría en Ecuador un fiscal está capacitado para investigar y ordenar a la policía las pericias necesarias para conocer las razones de un caso, pero la realidad es que son los policías quienes impulsan las investigaciones. Y poco se puede esperar de una policía que, hasta la muerte de los periodistas, estaba dirigida por el general Ramiro Mantilla, que mantenía familiares relacionados al narcotráfico.
El secuestro de periodistas y su asesinato cuando realizaban su trabajo es el mayor atentado al derecho de la libertad de expresión y debe entenderse como un acto político. Los abogados defensores de las víctimas lo entienden y por eso luchan contra el freno que la fiscalía le pone al caso: “El fiscal piensa que las capturas y detenciones en Colombia liberan en buena parte los trabajos de investigación que deben realizarse en Ecuador, explica Xavier Andrade Castillo, penalista, parte del equipo jurídico que defiende a las familias y lidera la estrategia de investigación en Ecuador.
Juan Francisco Pozo, también parte del grupo de abogados, encargado de vigilar las pericias fiscales, fija las diferencias existentes en las acciones judiciales que se llevan en los dos países: “En Colombia las investigaciones están avanzadas en el 90%, la fiscalía de ese país tiene formulada una teoría del caso y poseen en evidencia varios elementos de convicción para establecer responsabilidades, ellos han elaborado una línea de tiempo de los hechos y saben quiénes son los responsables”.
En Ecuador el fiscal Willson Toainga, jefe de la Unidad de Delincuencia Organizada, designado como responsable “no tiene una teoría del caso, no sabe las razones de por qué se investiga y eso ha generado que las diligencias realizadas sean poco relevantes, la única acción notable hecha en Ecuador es el rescate de la camioneta del equipo en Mataje, dónde se cree fueron secuestrados.
La recuperación del vehículo sucedió el 4 de abril, cuando Javier, Paúl y Efraín se encontraban cautivos. Ricardo Rivas, hermano del desaparecido fotógrafo, sabe que luego de ese rescate la fiscalía no ha podido identificar las huellas digitales del exterior e interior del vehículo, porque los laboratorios forenses carecen de reactivos. El responsable de la compra de esos químicos es el Ministerio del Interior, que depende del Ejecutivo.
Adicionalmente solicitaron diligencias como la explotación de información de los dispositivos encontrados en la camioneta como el celular y un computador. “Era importante para fijar las últimas horas de conexión del celular de Paúl Rivas, pero nada se ha logrado hasta el momento”, detalla Juan Francisco Pozo.
El computador recuperado, propiedad de diario El Comercio, herramienta de Paúl para descargar y enviar material gráfico a la redacción del centenario periódico, fue revisado y se concluyó que no tenía información desde el 6 de marzo. Quiere decir que toda esa información desde esa fecha fue borrada y es posible que esté en manos de los secuestradores. Yadira Aguagallo, compañera sentimental de Paúl, explica que también se encontró el celular del fotógrafo, pero la fiscalía estaba incapacitada para acceder a esa información, entonces le recomendaron que ella misma busque un hacker para acceder a los archivos, ¿acaso no tienen peritos informáticos?, ¿yo debo hacer su trabajo?, ¿dónde queda la cadena de custodia?, se preguntó.
Hay un particular detalle que las autoridades han dejado pasar, en Mataje existe una cámara de seguridad estatal que debió grabar todos los hechos del secuestro, sin embargo ese material no ha sido explotado por la fiscalía. “La camioneta fue encontrada frente a la casa de la madre de Guacho y allí hay una cámara que puede ayudar a entender qué pasó, pero no hemos tenido respuesta del contenido”, detalla Xavier Andrade. -¿Hay esas imágenes?
-Hay un vídeo.
-¿Quién lo ha visto?
No responde esa pregunta.
La fiscalía tampoco ha buscado información estratégica en la armada ecuatoriana, encargada de proteger las provincias costeras. De hecho cuatro guardiamarinas fueron asesinados en una emboscada de Oliver Sinesterra, días antes del secuestro. Esta fuerza cuenta con drones especiales capaces de identificar a sus enemigos en tierra. Es imposible pensar que la Armada no haya monitoreado las acciones de los criminales e inclusive, haber identificado el sitio donde estaban secuestrados.
Pero esa información parece de lejano interés de la fiscalía, detalla el abogado Andrade: “Nuestra idea es que el fiscal Toainga quiere investigar hasta un punto y no ve lo que nosotros miramos”.
El 12 de abril de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares y solicitó a Colombia y Ecuador informen las acciones realizadas a fin de investigar los hechos. Creó además un equipo de seguimiento (ESE) conformado por la vicepresidenta de esa comisión, la panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño, más el apoyo del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza. El objetivo fue brindar asesoramiento técnico y monitoreo en el avance de la investigación y sanción de los responsables del secuestro.
El pasado 5 de noviembre el grupo de seguimiento emitió un comunicado que exhortó al Ecuador demuestre interés en las investigaciones. “El ESE encuentra que no se ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación al proceso de los responsables y observa la necesidad de que la FGE realice un esfuerzo integrador que permita incorporar a la investigación, las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra, disidente de la ex guerrilla de las FARC, en la frontera de Ecuador y Colombia, entre los meses de setiembre de 2017 y abril de 2018… De acuerdo a la información disponible, en estos hechos la fiscalía puede avanzar con el fin de conformar el marco probatorio necesario, que permita el descubrimiento tanto de los autores materiales como de los autores mediatos del secuestro y asesinato”.
Como segundo pedido, ESE recomendó a la FGE “incorporar una nueva línea de investigación en la que se evalúe la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico”.
La CIDH le pidió también a la FGE concretar de manera urgente la realización de una serie de pruebas de carácter técnico sobre la evidencia que tiene en su poder, así como analizar con un mapa adecuado los resultados de las interceptaciones telefónicas realizadas sobre los presuntos perpetradores o quienes fungían en distintas funciones de la organización criminal. Del mismo modo, ambas fiscalías (de Ecuador y Colombia), deben incrementar el intercambio de información y evidencia para poder completar sus investigaciones a fin de cumplir la acción penal, y avanzar en el conocimiento de la verdad completa de lo sucedido”.
La inclusión de estos puntos: la información existente desde septiembre de 2017 y los responsables de precautelar la vida del equipo, podría extender la red de Oliver Sinesterra a personajes civiles y de la fuerza pública, pero es un paso que el fiscal Toainga parece no estar dispuesto a dar.
¿Cuán distinta es la información que tienen las investigaciones de las fiscalías de Colombia y Ecuador? Colombia ha sido enfática en señalar que darían con los responsables. Y cada semana detuvieron a miembros del grupo. Ellos activaron varios protocolos de investigación, tienen una unidad especializada de crimen organizado y delincuencia transnacional. La Fiscalía de Colombia sí expresa literalmente cuáles fueron las operaciones de inteligencia que hicieron para encontrar a los responsables.
En Ecuador es diferente, Juan Francisco Pozo dice que el proceso en la fiscalía tiene 1,500 páginas, pero la información relevante es poca y se corre el peligro de convertir el caso en una investigación de delincuencia común.
-¿Qué lejos está la fiscalía de tener una línea de los hechos y de una teoría del caso?
-Del uno al diez estamos en uno, dice el abogado Andrade.
Paradójicamente el caso, que es totalmente reservado, tiene un promedio de despacho de una diligencia entre 8 a 15 días, eso evidencia trabajo constante, pero con pocos resultados.
Antes del cierre de este reportaje se esperó la respuesta de la fiscalía a cada uno de los puntos expresados en este informe. En un mail fechado el 23 de octubre se pidió a la coordinación de esa dependencia respuesta a un pliego de diez inquietudes. Nunca respondieron.
La acción del Estado
A los siete meses del secuestro organizaciones como Periodistas sin cadenas, Liga contra el Silencio, Proyecto de Informes de Crimen Organizado y Corrupción y Forbidden Stories publicaron en colaboración de varios medios del planeta, una investigación de 20 periodistas ecuatorianos y colombianos, que siguieron la ruta del trabajo de Javier Ortega, que había profundizado sobre las acciones del grupo Oliver Sinesterra en Ecuador. El colectivo de periodistas reveló que Javier sabía de las comunicaciones, vía chat, de autoridades con el grupo de Guacho. El primer informe se llamó “Tres vidas perdidas entre demasiadas manos” y su título explica las acciones estatales que entorpecieron la negociación para su liberación.
Apenas se conoció del secuestro el gobierno conformó un comité de crisis que buscó la negociación y rescate del equipo, pero los errores cometidos por los funcionarios del Estado en la supuesta negociación llevaron a los familiares de las víctimas a tratar de conocer la verdad: qué hicieron las autoridades, qué decisiones tomó dicho comité, quién fue el negociador seleccionado, si acaso existió.
Los dos ministros de mayor jerarquía en temas de seguridad, que estuvieron en el caso, no aportaron nada en sus versiones que rindieron en la FGE. El entonces ministro de Defensa, Patricio Zambrano, el 11 de septiembre, le dijo al fiscal que tendría que ser la Unase (Unidad Anti Secuestros del Ecuador) la que explique cómo ocurrieron los hechos, dado que “desde el Ministerio de Defensa no se tomó ninguna decisión ni se tuvo ninguna participación al respecto”.
El 24 de septiembre le tocó el turno de rendir versión al capitán de corbeta en servicio pasivo César Navas, que estuvo al frente del comité de crisis, como ministro del interior. La declaración le llevó cinco horas pero poco aportó al caso, según el criterio de Xavier Andrade. “Las autoridades miran a las familias como una molestia y no como víctimas”, culmina.
César Navas dijo que dicho comité de crisis tomaba decisiones pero el ministro de defensa Patricio Zambrano aseguró que allí no se tomó decisiones, razona Yadira Aguagallo. Es ella, junto a Ricardo Rivas (hermano de Paúl) y Christian Segarra, periodista deportivo, hijo de Efraín, quienes armaron una línea de tiempo de todos los errores e incoherencias cometidos por ese comité desde el inicio del secuestro.
Identificaron una línea de los hechos, que puede llamarse cadena de errores. Fue presentada a la CIDH el 22 de agosto. El texto fue discutido por el Equipo de Seguimiento Especial y estableció que desde el secuestro, los representantes de las víctimas entregaron cinco peticiones que no fueron contestadas por parte del presidente, ministros ni asesores.
Le pidieron al fiscal entregue información del supuesto negociador, el capitán Franklin Cruz, su experiencia en casos de secuestro, cursos realizados y los actos que realizó esos días en favor de los periodistas. Pidieron que el comité de crisis entregue el protocolo usado para toma de rehenes, indicando la fecha de su elaboración, las personas que lo realizaron y la fecha de aprobación.
Solicitaron a la Unidad Antisecuestros remita la información que recibió de los vuelos de aeronaves tripuladas y/o no tripuladas con sensores electro-ópticos, para determinar lugares de interés o información que podrá llevar a determinar posición de los secuestrados.
Al Ministerio de Defensa se pidió copias certificadas de los informes de los vuelos realizados por aviones tripulados y/o no tripulados del 23 de marzo al 23 abril del 2018 y las acciones que realizaron con la información obtenida por los sensores de los vuelos de aviones no tripulados. Nada de esto se anexó al caso.
Mientras las familias peleaban por acceder a información, la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), ya tenía información parcial de los hechos pero extrañamente nadie le solicitó ni preguntó si participó en la entrega de información de contexto sobre el caso. Funcionarios de esa entidad saben que policías y funcionarios del Ministerio del Interior mantuvieron contacto con el grupo Oliver Sinesterra desde octubre de 2017, tres meses antes de que atacaran el destacamento policial de San Lorenzo. Contaban con un árbol de relaciones telefónicas de Guacho de 45 números móviles, al menos ocho de esos se relacionaban a su sistema de abastecimiento de pertrechos y combustibles. Algunos miembros de la Senain creen que los periodistas hablaron con Guacho y luego fueron retenidos y secuestrados; creen que desde ese mismo día se inició una corte marcial contra los periodistas y saben que ese día, 26 de marzo, Guacho recibió llamadas desde Ecuador.
Nada de eso es parte del proceso investigativo. La única versión existente es la del coronel Mauro Vargas Villacís, de la Dirección de Inteligencia de la Policía, y solo dijo que el tema fue manejado por altos funcionarios. Se espera el llamado para que comparezcan los miembros de la Unidad Antisecuestros de la policía, que supuestamente llevaron el caso.
La espera acompaña al drama de saber qué paso con nuestros colegas, su fin pudo suceder entre el 7 y 11 de abril, cualquiera de esos días su vida dependió de la voluntad de otros, mientras ellos solo contaron con el cielo extendido de un extremo al otro para protegerlos.
