Los pocos esfuerzos oficiales para conocer los verdaderos motivos del asesinato de una periodista en Veracruz. Uno de los asesinos sigue libre, y no se registra ningún esfuerzo estatal para su ubicación y captura.
Las autoridades dicen que cuando José Adrián Hernández Domínguez, alias “el Jarocho”, sea detenido, se cerrará el caso del homicidio de la periodista Regina Martínez Pérez. Así la Procuraduría General del Estado de Veracruz confirmaría su hipótesis, planteada desde que fue encontrada sin vida en su vivienda: que se trataba de un crimen pasional; sin necesidad de investigar su trabajo periodístico.
El desorden y la falta de seriedad en la indagación que hizo el Ministerio Público quedó evidenciado cuando el grupo “Águila 7”, de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, fue enviado a las calles aledañas de la vivienda de la corresponsal de la revista Proceso. En su patrullaje se encontró con una persona que daría sustento a la acusación contra el “Jarocho”, y su cómplice Jorge Antonio Hernández Silva, alias “el Silva”, quien ya había sido sentenciado, en 2014, a 38 años de prisión por homicidio calificado y robo agravado.
Diego Hernández Villa, un albañil de 42 años, 10 días después del crimen, fue abordado por los “Águila 7” y, en su comparecencia voluntaria, relató: “estaba yo tomando unas cervezas en la calle Plutarco Elías Calles, y como a las 10:00 cerraron la tienda “El Puente”. Vi que pasaron dos tipos de los cuales a uno le dicen el “Jarocho”, de nombre Adrián. Tiene unos tatuajes en el brazo izquierdo. Lo conozco porque su esposa es mi conocida… Sé que se droga. Yo sé que no tiene un trabajo pero anda en el parque Juárez con los maricones, es de los que se llaman “mayates”. Es una persona violenta y siempre anda en compañía del “Silva”.
Así se inició una investigación que es calificada por el periodista de la revista Proceso, Jorge Carrasco, como “una simulación, ya que solo se ha tratado de dar una respuesta a una necesidad política del exgobernador Javier Duarte. Fue una simulación porque desde un principio se planteó la hipótesis de un crimen pasional, y la autoridad no salió de esa posición”.
Un posible vínculo de su trabajo con el móvil del crimen jamás fue investigado por la Procuraduría de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado de Veracruz). Muy por el contrario, lo que hicieron fue investigar a los periodistas colegas de Regina, dirigiendo la investigación hacia los amigos como una hipótesis del homicidio.
La falta de coordinación entre la Procuraduría local, con la Procuraduría General, fue solo otra muestra de la incompetencia con la que se abordó la investigación. Carrasco contó, por ejemplo, que la Procuraduría local se negaba a compartir las huellas digitales encontradas, al haber sido los primeros en intervenir en la escena del crimen. Según la hipótesis pasional, Regina estuvo departiendo con los asesinos. De haber sido así, habría mucho material genético que analizar. Sin embargo la Procuraría local, después de meses, solo envió una fotocopia de una sola huella para su análisis. No hay mucho trabajo técnico que revisar en el expediente del asesinato de Regina Martínez. Menos un trabajo forense estricto.
El anuncio de lo que venía
En los primeros días del invierno de 2011, Regina Martínez viajó a su pueblo para pasar la Navidad con su familia. Una orden de trabajo de la revista Proceso recibida en su BlackBerry, hizo que regresara a su casa ubicada en el municipio de Xalapa, Veracruz, a 317 kilómetros de la capital de México.
Cuando regresó a su vivienda, desde afuera todo parecía normal, pero al entrar vio que del baño salía vapor y el piso estaba mojado, como si alguien se acabara de bañar. A los jabones de tocador les habían quitado la envoltura, y estaban deshechos, con la marca de los dedos de quien había estado allí. Eran los primeros indicios de una amenaza, que Regina solo compartió con algunos de sus amigos: “¿La pinche “Procu” qué va a hacer?”, cuestionaba.
En el expediente penal, menciona uno de sus hermanos, y el representante de la revista Proceso, que en esa fecha, a su regreso de la visita a su familia a Puebla, en diciembre de 2011, se percató que le habían robado 70 mil pesos. Los guardaba en una bolsa de papel amarillo, pegada a su mesa, dinero que utilizaría para las escrituras de su casa. Le habían robado también una computadora, propiedad de la revista.
La periodista, que trabajó 10 años como corresponsal de Proceso, de La Jornada, y en medios locales como Política, Diario de Xalapa, TVMAS y Avan Radio, cubría temas de derechos humanos, conflictos de tierra, corrupción y crimen organizado. Regina era una mujer de baja estatura, morena, con gafas y de voz tenue, su apariencia contrastaba con la valentía de sus escritos periodísticos.
En Veracruz, en donde impera la corrupción y donde se venía agudizando la inseguridad; en donde las desapariciones y asesinatos se registraban en avenidas principales de ciudades y pueblos; Regina era muy precavida y desconfiada. Eran pocos sus amigos, y menos lo que conocían su casa. Le había puesto una necesaria barrera a su intimidad.
Un perfil que no se ajusta
“Desde la última vez que comimos juntas, nunca volví a entrar a la modesta fonda que ella prefería. “Los Alcatraces” se había convertido para Regina, en el lugar en donde no solo le gustaba ir a comer, sino también en un rincón para reunirse con sus amigos más cercanos”, cuenta Guadalupe López Espinosa, periodista veracruzana, amiga de la víctima.
Charlaba animada con quienes la rodeaban. Los temas eran diversos, pero hablaba sobre todo de política, de las agresiones a los periodistas que, en 2012, incluso desde 2011, empezaban a crecer. De la inseguridad, y en los últimos días, de la caravana de madres de migrantes de Centroamérica, que había pasado por el estado y cuyos detalles narraba, mientras comía salpicando anécdotas.
Donde Guadalupe Espinoza también recuerda a Regina, es en el Congreso. Allí donde, tres o cuatro días después de su asesinato, la mayoría de diputados priísta no quería ni pronunciar su nombre, oponiéndose desde la tribuna a que se guardara para ella un minuto de silencio. Siempre le habían regateado la información, y ahora hasta el duelo. Años después, los legisladores expiaron culpas: la sala de prensa del parlamento se llama ahora “Regina Martínez“.
“Regina fue mi amiga. Ella reportó lo que pasó aquí, en Huayacocotla (uno de los municipios más pobres del estado de Veracruz), desde los años 80. Cubrió todo el proceso de la restitución de tierras de los otomíes, haciendo notas para el periódico Política. Su muerte fue un golpe para nosotros, porque tenemos un Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz”, dijo para este informe Alfredo Zepeda, sacerdote jesuita y coordinador de Radio Huayacototla.
Quienes como Guadalupe López y Alfredo Zepeda la conocieron, sabían de su personalidad reservada y desconfiada. Un retrato que contrasta abiertamente con el perfil que quiso pintar de ella el Ministerio Público: la de una mujer de minifaldas, que le abría la puerta de su casa a sexoservidores; y no la de la mujer austera y solitaria que todos en Veracruz conocieron.
Un caso, tres fueros
El desorden en la investigación del homicidio de Regina Martínez es también palpable en el viaje que el caso fue a dar hasta por tres dependencias estatales. Inició en la Agencia Segunda del Ministerio Público de Xalapa; fue luego remitida a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales y en Atención de Denuncias contra Periodistas; y de aquí pasó a la Dirección General de Investigaciones Ministeriales de la PGJ, que llevó adelante 155 diligencias y 56 dictámenes periciales.
Mientras tanto el caso venía siendo investigado, en paralelo, por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, que fue la que finalmente solicitó la acción penal y reparadora del daño, contra Jorge Antonio Hernández Silva como “probable responsable” del delito de homicidio calificado y “robo calificado”, perpetrado en contra de la periodista.
La Jueza Tercera de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, lo encontró penalmente responsable, y lo sentenció a una pena privativa de libertad de 38 años de prisión, resolución que fue apelada por la defensa de “el Silva”, consiguiendo apenas unos meses después su liberación.
Ángel Martínez Pérez, hermano de Regina, y la Procuraduría estatal, promovieron ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, un juicio de amparo, que consiguió ratificar la primera sentencia. Así, “el Silva” fue reaprehendido a finales de 2014, y purga la condena de 38 años recibida en primera instancia.
Quien continúa en libertad, y prófugo, es José Adrián Hernández Domínguez, “el Jarocho”, quien para algunas autoridades policiales, habría sido asesinado.
La “epidemia” veracruzana de crímenes
Como si se tratara de una enfermedad silenciosa, el homicidio de Regina Martínez era el undécimo asesinato de un periodista desde 2005. Ese año había muerto violentamente Raúl Gibb Guerrero, director de La Opinión de Poza Rica; y Hugo Barragán, de Radio Max. En 2006, Roberto Marco García, de la Revista Testimonio; y Adolfo Sánchez Guzmán, de Televisa Veracruz. Las muertes retornarían en 2008: Raúl Martínez López, del periódico Noreste. Y en 2009 la víctima fue Luis Daniel Méndez Hernández, de Radio La Poderosa. Se trata de homicidios ocurridos durante la administración del exgobernador Fidel Herrera Beltrán.
Pero la lista es interminable y se remonta al 2011, con otros cuatro hombres de prensa asesinados ese año. El 2012 no fue diferente. Después de la muerte de Regina, en un solo día, fueron asesinados los fotógrafos Esteban Rodríguez Rodríguez, Gabriel Huge Córdova, y Guillermo Luna Varela, todos en Veracruz puerto.
Tortura e intimidación a sus amigos periodistas
Regina fue torturada. El hecho fue minimizado en la investigación. Las fotografías del cuerpo muestran lesiones provocadas en una de sus mejillas: tres orificios al parecer ocasionados por una manopla, y no una mordida como aseguraron las autoridades. Tampoco se profundizó en la fractura de su mandíbula, que terminó rompiéndole en dos la dentadura inferior.
Ante la exigencia de justicia por parte de sus amigos y colegas, en marchas y notas periodísticas, la Procuraduría del Estado optó por llamar a declarar a una decena de ellos, como supuestos testigos del crimen. En esas diligencias, lejos de ponerse en práctica una técnica de investigación adecuada, se buscó entre los periodistas al probable asesino. Algunos de ellos fueron enviados a Servicios Periciales, para pasar por una muestra odontológica forense, con el objetivo de ver si alguna de sus mordidas coincidía con la lesión en la mejilla de la periodista.
Para Jorge Carrasco, su colega en Proceso, la inusual pericia solicitada no era más que un acto intimidatorio contra quienes venían reclamando una investigación diligente. Carrasco constataría sus sospechas cuando empezó a recibir mensajes al celular, que incluían información personal, y sus movimientos cotidianos. “Durante una semana, todos los días, y tres meses después, recibí mensajes con información íntima. Era claro que estaba siendo objeto de un seguimiento. Un día, por ejemplo, me escribieron: “¿Qué no entiendes que el caso de Regina ya está resuelto?”. Era un mecanismo para que ya no siguiéramos cubriendo qué pasaba con la investigación. Y les dio resultado, porque me retiré”.
A raíz de la presión de los reporteros de Veracruz, y de medios nacionales e internacionales, el Gobierno del Estado creó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), como un órgano autónomo, constituido en 2012. Había sido pensado a imagen y semejanza del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero con la inexplicable presencia de representantes gubernamentales.
El órgano burocrático buscó dividir y desmovilizar las protestas de los comunicadores que pedían el cese de los crímenes contra periodistas, pero que, a pesar de su creación, se han continuado registrando. Ni qué decir de las amenazas y la represión contra los reporteros. El estado de Veracruz sigue siendo el más peligroso para ejercer la libertad de expresión.
A siete años del asesinato de Regina, su recuerdo no se ha borrado. Para perpetuarla, al menos simbólicamente, una plaza del centro lleva su nombre, que es también ahora el de un premio local de periodismo.
