Han pasado seis años desde que el periodista de Veracruz, Moisés Sánchez fue sacado de su propia casa por un grupo de sicarios, para no volver más. Autoridades municipales investigadas, y criminales no identificados, son parte de esta historia que sigue sin hallar a todos los responsables
Diez minutos antes de las siete de la noche, del 2 de enero de 2015, un convoy de cinco vehículos cerró la calle donde vivía Moisés Sánchez Cerezo. De los autos descendieron unas nueve personas armadas, seis ingresaron al hogar del periodista que en ese momento dormía. Su esposa y nietos fueron interceptados en la puerta de la vivienda, mientras los criminales revisaban la casa ubicada en el municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz.
María Ordóñez, esposa del reportero, y sus nietos, vieron por última vez a Moisés caminado descalzo y sin camisa, vistiendo un pantalón de mezclilla, con las manos sujetadas a la espalda. Sánchez Cerezo fue subido a una camioneta negra, donde se lo llevaron junto con su cámara, celular y computadora. La aparatosa operación llamó la atención de los vecinos, que de inmediato llamaron a la Policía Municipal y Estatal, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la única que contestó el teléfono.
Los vehículos de los criminales accedieron y se retiraron del lugar pasando frente a dos policías municipales, que se encontraban a unos doscientos metros de la vivienda. A pesar de la corta distancia a la que se encontraban los elementos policiales, tardaron 40 minutos en llegar; los operativos de búsqueda tardaron casi dos horas en implementarse. Los dos policías declararon después, que al enterarse del secuestro acudieron al domicilio, pero ya estando en el lugar de los hechos, su superior les ordenó retirarse y continuar con sus labores regulares.
Condiciones previas
En 2014, primer año de la administración del presidente municipal Omar Cruz Reyes, comandos armados, abordo de varios vehículos, atentaron contra once personas. Los hechos violentos de diciembre provocaron manifestaciones en Palacio Municipal, en una de ellas Moisés Sánchez encaró a Omar Cruz frente a los medios de comunicación, y lo acusó de haberlo mandado a agredir. Previo al 2 de enero de 2015, día del secuestro y desaparición del periodista, se perpetraron varios asaltos y asesinatos, algunos reportados por Moisés.
El 14 de diciembre, Sánchez Cerezo publicó un video donde informaba sobre la existencia de un grupo de autodefensas en Medellín, conformado por vecinos que se organizaron para vigilar las calles, armados con palos y machetes; esto derivado de la falta de seguridad y la presunta complicidad de la policía con los delincuentes. La situación de grave violencia y actividad del crimen organizado en ese municipio era del conocimiento del Gobierno de Veracruz, así como de mandos de la Marina Armada de México y del presidente municipal.
Incluso el 15 de diciembre de 2014 las autoridades mencionadas se reunieron en la colonia Gutiérrez Rosas, donde vivía Moisés, para comprometerse a reforzar la vigilancia, a esa reunión asistió José Nabor Nava, subsecretario de seguridad pública de Veracruz. Ninguna de las promesas de las autoridades funcionó 16 días después para impedir el atentado contra el periodista. Moisés informó a su familia, dos días antes del secuestro, sobre la advertencia que le hizo una amistad: el Presidente Municipal habría manifestado que le daría un “susto”.
La primera respuesta del entonces Gobernador de Veracruz, Javier Duarte De Ochoa, un día después del secuestro del comunicador, fue señalar que Moisés Sánchez no era periodista, y lo calificó como taxista -labor que también realizaba-, además de activista vecinal. Compañeros de Moisés Sánchez realizaron protestas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde contradijeron las palabras del Gobernador y exigieron que dejara de revictimizar al reportero secuestrado. En otras ciudades del país se replicaron otras manifestaciones.
Simulación del Gobierno
La presión mediática obligó al Gobernador de Veracruz; al Procurador de General; y al Secretario de Seguridad Pública, a reunirse con la familia de la víctima, prometiéndoles que lo encontrarían con vida. Tras una semana del hecho, la organización Artículo 19 detectó que en el expediente no había constancia de que se estuviera buscando al periodista, inclusive, en una reunión con la familia y la directora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General de Veracruz, María del Rosario Zamora González, evidenciaron que la Procuraduría Estatal no había pedido siquiera los videos de las cámaras de vigilancia que habían registrado el secuestro del periodista, ocurrido en su propia casa.
Días después, personal de la procuraduría mostró fotos de presuntos delincuentes a los testigos, donde se logra ubicar a dos personas que participaron de los hechos, y a otros dos más que probablemente también fueron participes. Pero en los siguientes días las fotos se “extraviaron”, y al elemento de la procuraduría lo trasladarían a otra delegación.
El 20 de enero el caso es exhibido a embajadores y representantes internacionales, lo que motiva a Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República de México; y a la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a recibir a la familia del periodista y abogados de Artículo 19. En la reunión el Procurador expuso que consideraba violatorio el arraigo a elementos de la policía municipal; además se negó a traer el caso, e informó a la familia que realizaría una investigación paralela.
El cuerpo del periodista
El 25 de enero de 2015, el Procurador General de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dio a conocer que el cuerpo de José Moisés Sánchez Cerezo fue encontrado sin vida. El procurador exhibió una videograbación donde se muestra parte de la declaración de Noé Rodríguez, expolicía intermunicipal, quien confiesa el hecho después de ser detenido en el vehículo donde secuestraron a Moisés. Fue detenido con una AK47, arma de uso exclusivo del Ejército. Luego terminó siendo identificado como uno de los autores materiales del crimen.
El detenido contó que dos cuadras delante de la vivienda del reportero se encontraron a dos Policías de Medellín que no hicieron nada por detenerlos:
-Ellos (los policías) nos vieron y se hicieron pendejos, nosotros sabíamos que íbamos protegidos.
Rodríguez agregó que participaron del secuestro cinco personas más, de quienes sólo proporcionó apodos: “El Harry”, El Piolín”, “El Olmos”, “El Chelo” y “El Moi”. Llevaron a Moisés Sánchez a la localidad de La Martucha, en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, ahí lo bajaron, le cortaron el cuello, y desmembraron su cuerpo:
-Me habló “El Moi” y me dijo que ya habían terminado, diciéndome que habían hecho cachos al señor Moisés. Me dijeron que lo habían echado en unas bolsas negras.
El Procurador resaltó el vínculo del escolta del Presidente Municipal con los criminales, y señaló que solicitarían Juicio Político contra Omar Cruz, ante el Congreso del Estado de Veracruz, para que le fuera retirado el fuero y procedieran penalmente contra él.
Presuntos responsables
Fueron detenidos en prisión preventiva tres policías municipales, José Francisco García Rodríguez, Luigui Heriberto Bonilla Zavaleta y Martín López Meneses. Este último fungía de subdirector de la policía municipal, y de chófer escolta del presidente municipal. López Meneses salió en libertad en octubre de ese año al resolverse un amparo a su favor. El 26 de marzo de 2015, Omar Cruz Reyes fue desaforado por el Congreso del Estado de Veracruz, por su presunta responsabilidad del asesinato del periodista y activista. Posteriormente se giró orden de aprensión en su contra, pero logró darse a la fuga.
Los policías municipales José Francisco y Luigui Heriberto fueron sentenciados por el delito de homicidio calificado, pero fueron absueltos luego, tras resolverse un amparo en 2020 por la violación al debido proceso. En 2021 se les sentenció por incumplimiento del deber, con una condena de seis años y seis meses de prisión, y una multa de 1,329 pesos, sentencia apelada por la familia del difunto y por uno de los expolicías. Noé Rodríguez continúa en prisión en espera de sentencia condenatoria. Omar Cruz sigue prófugo de la justicia.
De “El Harry”, “El Piolín”, “El Olmos”, “El Chelo” y “El Moi” sólo se cuenta con los apodos y retratos hablados que proporcionó Noé Rodríguez tres meses después de su detención. No se conocen esfuerzos por identificarlos. El delito cometido continúa impune.
