A cuatro años del asesinato del periodista Abelardo Liz, indígena del pueblo Nasa, no hay judicializados. Liz falleció producto de un disparo mientras cubría el desalojo por parte de militares contra comunidades que ocupaban un predio del ingenio azucarero Incauca.
La ruta que toman los buses desde Cali, capital del Valle del Cauca, hasta el municipio de Corinto, en el norte del vecino departamento del Cauca, atraviesa extensos campos de caña de azúcar. Estos cultivos, dominantes del paisaje, fueron testigos silenciosos el 13 de agosto de 2020, cuando Abelardo Liz fue herido de muerte mientras cubría los hechos con su cámara.
En su trayecto hacia Corinto, los buses atraviesan Florida, el último municipio del Valle antes de cruzar el Cauca. Un territorio marcado por extensos campos y montañas del suroccidente del país, escenario de intensas disputas históricas por la tenencia de la tierra. Una lucha que sigue latente en cada rincón de la región.
Al llegar a Corinto, el dinamismo comercial de la localidad notoriamente indígena se hace evidente, al tiempo que contrasta con la presencia ineludible del grupo armado Dagoberto Ramos, facción de las disidencias de las extintas Farc-EP que ejerce su influencia en la zona.
Lejos de desaparecer, el paisaje dominado por la siembra cañaveral continúa con su hegemonía intacta. Parte de esas tierras son propiedad del ingenio Incauca, emporio agroindustrial del grupo Ardila Lülle, un gigante con más de seis décadas de historia, dedicado a la producción de azúcar, etanol y energía eléctrica. Tan solo en el 2023 vendieron 1.249 millones de pesos. Aunque en su informe resaltan una disminución en la molienda, en energía eléctrica alcanzaron venta récord de 168.653,74 MWh para el sistema nacional.
Foto: Vía que conduce de Miranda a Corinto. Crédito: Cuestión Pública.
Parte de esas tierras son propiedad del ingenio Incauca, emporio agroindustrial del grupo Ardila Lülle, un gigante con más de seis décadas de historia.
Incauca abarca más del 23% de las tierras que han sido cuna de indígenas como Abelardo Liz, quien, armado solo con una cámara, registró su propia muerte mientras cubría un desalojo militar. Un trágico sello de su destino, mientras documentaba la lucha por el territorio que lo vio crecer. Según el informe de sostenibilidad del 2023 de este ingenio, su área de influencia se extiende a seis municipios del Valle y ocho del Cauca, entre ellos Corinto. Tienen presencia en el 90% del territorio nacional, y exportan azúcar a 24 países, entre ellos Estados Unidos, China y Alemania.
Corinto, que en 1984 fue epicentro de negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla del M-19, hoy continúa siendo escenario de luchas territoriales.
Para Rafael Coicue, acompañante del Plan de Vida Çxhab Wala del Pueblo Nasa, la realidad en el Cauca está marcada por la concentración de tierras en manos de unos pocos: “lo que no da condiciones de vida para la gente ni para la naturaleza”.
Foto: Calles de Corinto. Crédito: Cuestión Pública.
Por ello, este líder social destaca la importancia del proceso que ellos llaman la “Liberación de la madre tierra”, un proceso destinado a “sembrar comida, reforestar, para que el aire se descontamine”, en contraste con la explotación que solo beneficia a unos pocos. En Corinto, estos esfuerzos se han concentrado en lugares como la Hacienda Miraflores y Quebrada Seca.
Foto: Abelardo Liz. Crédito: CRIC.
A inicios del proceso de la Liberación de la madre tierra en 2015, la respuesta del Estado ha sido marcada por la militarización para desalojar a las comunidades. La tensión entre los actores ha generado un conflicto continuo desde aquel momento, en el que las comunidades buscan la repartición de tierras mientras los terratenientes defienden sus derechos de propiedad. De hecho, en su informe de sostenibilidad de 2022, el ingenio informó que adelantó mesas de trabajo en Caloto, Corinto y Miranda (Cauca), con campesinos, afrodescendientes, colectivos de mujeres, comunidad LGBTIQ+, sector público y empresarial. Pero, dejaron por fuera los hechos que rodearon la muerte de Abelardo Liz.
En 2023, reportaron que en el norte del Cauca se promovieron conversaciones para solucionar los problemas que golpearon a las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas. Destacaron el fortalecimiento de alianzas con la Policía, Gaula y el Ejército, para que estos actúen frente a hechos que atenten contra la seguridad del ingenio.
Sin embargo, esta investigación periodística sugiere que Incauca podría haber utilizado a la fuerza pública como guardián de sus tierras. Tras los hechos violentos, solo hasta ahora existe una posibilidad de acuerdo entre las comunidades indígenas e Incauca.
La Agencia Nacional de Tierra le confirmó a este medio, que Incauca postuló a esta entidad estas fincas para ser compradas por el Estado, pero que todavía no se ha formalizado su compra. Quebrada Seca y Miraflores serían predios utilizados para la Reforma Agraria del actual gobierno.
Incauca y una base militar
El 13 de agosto de 2020, según la investigación de Cerosetenta y Bellingcat, el comunicador indígena, Abelardo Liz, registraba con su cámara el desalojo en la Hacienda Quebrada Seca, en la zona rural de Corinto, propiedad de Incauca. Según fuentes oficiales, los disparos se produjeron en respuesta a un ataque de grupos armados.
De acuerdo con este informe periodístico, estas conclusiones contradicen los testimonios de los miembros del pelotón Águila 1 del Batallón de Alta Montaña N° 8 de la Tercera División, comandado por el Sargento Carlos Álvarez Rodríguez, quienes afirmaron que dispararon contra disidentes armados en las montañas en respuesta a un ataque.
No obstante, Incauca podría haber utilizado a la fuerza pública como guardián de sus tierras el mismo día que, según el medio Mutante, se presentaron otros dos hechos violentos: el líder indígena Julio César Tumbo fue herido de bala y el comunero José Ernesto Rivera fue asesinado.
De acuerdo con lo informado en este reportaje de Mutante, tanto Rivera como Tumbo, se habrían enfrentado a la fuerza pública en el operativo de desalojo.
Este caso tiene importantes hallazgos desde hace cuatro años.
Domingo Liz, hermano mayor de Abelardo, recordó en diálogo con Cuestión Pública cuando escuchó en la emisora Nación Nasa que había un comunicador herido ese 13 de agosto de 2020, y de inmediato bajó al hospital de Corinto: “cuando llegué había silencio, llanto, y me dije ¿qué pasó acá? y es cuando me dicen que uno de los heridos es Abelardo”.
Minutos después, su hermano falleció. Al recordar ese momento, las palabras desaparecieron por un momento de la boca de Domingo para abrirle paso al llanto.
Esta historia tiene sus comienzos en el 2012, cuando Incauca compró esta propiedad por seis mil millones de pesos. Precisamente, para Rafael Coicue, el líder indígena, la fuerte respuesta policiva y militar del Estado radica en que las fincas Quebrada Seca y Miraflores le pertenecen a un gigante como Incauca.
Estos han sido los propietarios de los predios de Quebrada Seca, hoy propiedad de Incauca.
Tres años después de la compra de estos predios, las comunidades indígenas, acompañadas por el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC) y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), iniciaron diálogos con los azucareros para abordar el conflicto territorial.
Durante estas reuniones, mencionadas por el líder Coicue, se solicitó la redistribución de la tierra para beneficiar a las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinos de la región, en un esfuerzo por resolver las tensiones históricas por la tenencia de la tierra.
El desenlace, cuyo epicentro está en la Hacienda Quebrada Seca, desencadenó un operativo del Ejército en contra las comunidades indígenas que adelantaba el denominado proceso de liberación de la madre tierra. Según versiones oficiales, la orden de disparar se debió a un supuesto ataque de grupos armados ilegales de la zona y no a la aparente verdad: Incauca habría usado, al parecer, a la fuerza pública como vigilante de sus predios privados con el fin de desalojarlos.
¿Cuál fue la versión del Ejército como para tener detenido el proceso?
Para el abogado Alexander Montaña, es totalmente irregular que «la fuerza pública entre a estar de manera permanente, cambiando su misión de proteger la frontera, a proteger bienes privados». Este jurista además denunció que en las cercanías a la Hacienda Quebrada Seca funcionó una base del Ejército Nacional.
En ninguno de los informes de sostenibilidad de Incauca del 2020 hasta el 2023, mencionan la existencia de una base militar. Pero desde el área de prensa de la Tercera Brigada le confirmaron a Cuestión Pública que hay una instalación militar en las cercanías de este predio. Incluso hasta el 2022, los documentos del Batallón de Alta Montaña tienen en sus membretes como domicilio la Hacienda Quebrada Seca, en Corinto.
Dos líderes indígenas le confirmaron a este medio que en ese predio habría una base militar. Cuestión Pública intentó geolocalizar dicha información sin éxito. El 17 julio de 2020, casi un mes antes de la muerte de Abelardo Liz, las comunidades indígenas reportaron un hostigamiento contra esa instalación castrense.
Para ese período, Incauca informó la instalación de seis mesas de diálogo en el norte del Cauca y sur del Valle, en alianza con ocho alcaldías, entre ellas la de Corinto. En estos espacios participaron las gobernaciones de ambos departamentos.
En el informe de sostenibilidad del 2022, el presidente de Incauca Roberto Klinger Yanovich, reportó que producto de las lluvias, el robo de caña y las invasiones a predios propios, la caña molida presentó una disminución del 6.8 %. Pero, debido a la venta de energía eléctrica lograron $1,288,013 millones, lo que representó un aumento del 23.2 % respecto a 2021.
Lo que quizá no sospechaban ni Liz ni la comunidad ocupante del predio Quebrada Seca, era al gigante con el que se enfrentaban.
Según Jhonatan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), debe existir una intención real del ministro de Defensa Iván Velásquez y el presidente Gustavo Petro por atender este caso, porque este es un hecho que «ataca profundamente el tejido comunicativo en el país».
El poder de un gigante
Lo que quizá no sospechaban ni Liz ni la comunidad ocupante del predio Quebrada Seca, era al gigante con el que se enfrentaban.
En su página web, Incauca se autoproclama como el más grande ingenio de Colombia y desde 1980 hace parte de la Organización Ardila Lülle. En el 2018 ocupó el puesto 179 en el ranking de las empresas más importantes del país, que anualmente realiza Semana.
Foto: Carlos Ardila Lülle y Álvaro Uribe Vélez. Crédito: Colprensa.
Es tan importante su poder económico, que ese mismo año estuvo en el séptimo puesto en el top 10 de las compañías de la agroindustria con más ingresos operacionales.
Los indicadores de este ingenio en 2020 muestran ventas por $927,000 millones y en 2021 por $1 billón de pesos. Reportaron inversiones en programas sociales por $1,533 millones, y para el 2021 fue de $2,823 millones.
El medio Vorágine publicó que para el 2020, año de la muerte de Abelardo, los seis ingenios que producen etanol, entre ellos Incauca, hicieron parte de las 1.000 empresas más grandes del país. Es tan importante su poder económico, que ese mismo año estuvo en el séptimo puesto en el top 10 de las compañías de la agroindustria con más ingresos operacionales.
El fundador del emporio, Carlos Ardila Lülle, falleció en agosto de 2021 a los 91 años. Ese mismo año, Roberto Klinger Yanovich, presidente de Incauca, apareció en los Pandora Papers como propietario beneficiario de la compañía Gabe Ventures S.A. Gabe Ventures fue registrada en Panamá en diciembre de 2015, y según un documento de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, fue disuelta el 16 de septiembre de 2024.
Red empresarial de Roberto Klinger Yanovich
De acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los Pandora Papers, publicados en 2021, fue una filtración sin precedentes que expuso los secretos offshore de las élites adineradas de más de 200 países. Los datos de este registro están actualizados hasta 2018.
Según la investigación, los registros filtrados proceden de 14 empresas de servicios offshore de todo el mundo que crearon empresas “fantasma” y otros escondites offshore para clientes que a menudo tratan de mantener sus actividades financieras en la sombra.
En 2022, la revista Forbes dedicó el artículo El legado de Ardila Lülle, en el que reconocía una fortuna de más de 2.300 millones de dólares, los ingenios azucareros, el medio de comunicación RCN televisión y RCN Radio, los concesionarios Los Coches y gaseosas Postobón.
Foto: Domingo Liz, sentado en el sitio regular de trabajo de su hermano Abelardo. Crédito: Cuestión Pública.
La dimensión del poder de los dueños de Incauca también se traduce en un emporio que aportó 500 millones de pesos a la campaña de Álvaro Uribe en las elecciones de 2002. A nombre propio, el multimillonario Ardila aportó 50 millones para la reelección de Uribe en el 2006, según datos publicados por el portal La Silla Vacía.
Incauca realizó aportes a campañas al Congreso. Tan sólo en 2010 contribuyeron al liberal Juan Fernando Reyes Kuri y al conservador Carlos José Holguín para poder llegar a la Cámara de Representantes.
Ese mismo año, el ingenio azucarero apoyó a Roy Barreras Montealegre en su aspiración al senado. En el actual gobierno, Barreras se convirtió en embajador de Colombia en el Reino Unido. El gobierno del expresidente Iván Duque limitó la importación de alcohol carburante, una medida que benefició a los ingenios azucareros productores de Etanol, como Incauca.
Por su parte, Juan Fernando Reyes Kuri pasó a ser asesor del alcalde de Cali, Alejandro Eder. Administración bajo la cual se celebró el pasado mes de mayo un contrato por seis años entre la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat e Incauca, para el arrendamiento de un lote en el que hay cultivos de caña ubicado en el corregimiento de Navarro por 490 millones de pesos.
Curiosamente, en este lote han existido problemas de invasión de personas que buscan vivienda, como la misma resolución gubernamental lo reconoce:
Cuestión Pública buscó una respuesta sobre este caso en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali: “el objetivo de este tipo de contratos es asegurar la presencia del Estado en el terreno, previniendo posibles invasiones y, al mismo tiempo, delegando en el arrendatario la responsabilidad de custodiar y mantener el inmueble”.
Otra de las muestras de la cercanía por parte de Incauca al poder político en el país es el decreto 527 del 7 de abril de 2020. Allí el gobierno del expresidente Iván Duque, del Centro Democrático, limitó la importación de alcohol carburante, una medida que benefició a los ingenios azucareros productores de Etanol, como Incauca.
De acuerdo al informe de sostenibilidad de los años 2020-2021, este ingenio reportó que tuvieron el apoyo de la presidencia de la república para intervenir alrededor de 800 hectáreas de cañas incendiadas.
El crimen de Abelardo Liz no es el único que ha estado relacionado con este ingenio azucarero. En marzo de 2017 fue asesinado el comunero indígena Javier Oteca, hecho por el que las comunidades indígenas responsabilizaron a trabajadores de la Hacienda Quebrada Seca, propiedad del ingenio Incauca.
En ese entonces, la compañía azucarera afirmó que uno de los integrantes de lo que ellos denominan grupo invasor, murió como consecuencia de la explosión de una ‘papa bomba’.
“Lo mejor que se puede hacer es que las autoridades respondan las preguntas que tienen” esta fue la respuesta de Incauca a este medio.
El Estado a responder
Hasta la sede de la emisora del Cabildo indígena de Corinto llegó Cuestión Pública para reunirnos con cinco hermanos de Abelardo, y sus excompañeros en comunicaciones, para conocer las voces de quienes tienen en su memoria a este comunicador nacido el 7 de agosto de 1986, el menor de nueve hermanos.
Para su madre Joaquina Cuetia —de quien Abelardo se encargaba de sus cuidados diarios porque vivía con ella— y para las comunidades indígenas, el crimen de Abelardo representó es una pérdida para su familia y todo el Pueblo Nasa. Según Domingo Liz, a su hermano Abelardo también le decían «el gobernador» porque era una de sus metas, ser autoridad ancestral de su comunidad.
Dora Muñoz, compañera del tejido de comunicaciones de Abelardo, siempre recuerda su compromiso con las acciones comunitarias, por eso «es tan difícil encontrar una explicación a esa agresión tan fuerte a él, a su familia y a todo el proceso de comunicación».
De acuerdo a una demanda presentada a la Nación el 6 de octubre de 2022, Abelardo Liz perdió la vida como consecuencia del impacto de bala que le habría propinado un miembro del Ejército el 13 de agosto de 2020. Este proceso administrativo busca que el Estado, a través del Ejército y la Policía Nacional, sea declarado responsable por su muerte.
En esta acción judicial se señaló que, en el caso de Abelardo, también hubo «omisión de auxilio por parte de la fuerza pública y la obstaculización para el acceso al servicio de atención médica». Así lo corrobora la comunicadora Dora Muñoz, para quien esta muerte significó «callar gran parte de la voz de la población porque él, como los demás comunicadores y comunicadoras, nunca hablamos a nombre personal, siempre estamos hablando a nombre de la comunidad».
De acuerdo al artículo 3 del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, «las personas que no participen directamente en las hostilidades, (…) serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna». El CRIC aseguró que en la última década se registraron en este departamento, cinco comunicadores de medios comunitarios indígenas asesinados.
La impunidad
La abogada Ángela Caro, quien hasta agosto de este año llevó este caso en representación de la familia de Abelardo, le dijo a este medio: “nosotros logramos probar con los distintos vídeos que estaban grabando los comunicadores indígenas, entre ellos Abelardo Liz, que en efecto fue el Ejército el que inició la confrontación y los disparos”.
A las afueras de la emisora del cabildo indígena de Corinto, se encuentra el joven comunicador Wilmar Mosquera, quien cubrió junto a Abelardo los hechos presentados ese 13 de agosto. Él calificó, con voz serena pero firme, que el asesinato de su colega y amigo fue un golpe duro para los pueblos indígenas del norte del Cauca.
No ha sido la única vez que Wilmar ha caminado la palabra para hablar de Abelardo. “Caminar la palabra” significa indagar y buscar pruebas. Sobre este caso, Cuestión Pública encontró que el comunicador Wilmar había rendido testimonio en Santander de Quilichao (Cauca) el 13 de mayo de 2022 en las instalaciones de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. En este, afirmó que “el Ejército empezó a disparar ya directo contra la comunidad, y ahí fue donde uno de los disparos le impactó al periodista Abelardo”.
Dicho testimonio está en poder del ente investigador y hace parte del proceso penal en el que hasta ahora no hay ningún militar imputado por estos hechos.
En su momento, el brigadier general Marco Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército, afirmó que “las tropas del Ejército nunca accionaron sus armas de dotación en contra de la comunidad indígena, por el contrario, respondieron el ataque desmedido de los integrantes del grupo armado organizado residual Dagoberto Ramos Ortiz”.
El comandante del Batallón de Alta Montaña No. 8, teniente coronel Jorge Armando Rojas, le dijo al medio universitario Cerosetenta que las tropas actuaron correctamente y estaban apoyando a la Policía Nacional y al Escuadrón Móvil Antidisturbios.
Indagamos sobre los informes y documentos que justificaron la presencia de los militares en ese lugar bajo la excusa de un posible enfrentamiento con las disidencias, pero se negaron a dar respuesta, alegando que el expediente goza de reserva.
Esta no es la primera vez que el Sargento Álvarez y los miembros del Batallón Alta Montaña N° 8, habrían estado involucrados en muertes de civiles en el Cauca. Por su parte, la FLIP señaló en junio de este año que el Ejército archivó la investigación disciplinaria interna que se adelantaba por el asesinato de Abelardo Liz.
Foto: Cordillera Central. Crédito: Cuestión Pública.
Antecedentes del pelotón
El 24 de septiembre de 2021 la Corte Constitucional decidió que la Fiscalía, y no la Justicia Penal Militar, era la competente para investigar la muerte del civil indígena Flower Yain Trompeta Pavi, ocurrida el 28 de octubre de 2019 en Corinto.
Para la Fiscalía, las pruebas que hacen parte de la investigación indicarían que «no es tan claro que el fallecimiento de Flower Trompeta fuera resultado de un combate, como lo describe el comandante en el informe de los hechos». La muerte del civil Trompeta Pavi en 2019 habría sido responsabilidad de militares pertenecientes al Batallón de Alta Montaña No. 8º del Ejército.
Este batallón fue inaugurado en julio de 2011 por el entonces ministro de Defensa Rodrigo Rivera.
El comandante a cargo de la operación donde murió Trompeta Pavi era el Sargento Carlos Álvarez Rodríguez, el mismo que según el reportaje de Cerosetenta y Bellingcat, estaba al mando del pelotón Águila 1 del Batallón de Alta Montaña No. 8 de la Tercera División, ese 13 de agosto de 2020, día en que un impacto de bala acabó con la vida del comunicador Abelardo Liz.
El común denominador de estos crímenes es el poder, el Ejército y la impunidad.
Créditos:
Dirección editorial: Diana Salinas. Investigación y reportería: José Marulanda, Edier Buitrago, Ketty Roqueme, Tatiana Antolinez. Edición legal: Camilo Vallejo Giraldo. Producción y coordinación editorial: Ilse Cárdenas. Acceso a la información: Laura Martínez. Fact check: Sergio Retavisca. Diseño: Heidy González. Audiencias: Ían Schnaida, Laura Tovar y Natalia Gómez. Webmaster: Paola Téllez.
