En 2011, en Veracruz, cuatro periodistas fueron asesinados en menos de una semana. La Policía investigó el más terrible de los casos, apenas googleando en internet.
Yolanda Ordaz de la Cruz estaba ligeramente retrasada. Eran las 10 de la noche. Su hija Geovana ya había acabado de arreglarse y se encontraba lista para ir a la fiesta de graduación. La chica, de 18 años, acababa de terminar la prepa y lo celebrarían justo la noche de ese domingo 24 de julio de 2011. No quería llegar tarde. Así que le marcó.
Un poco apresurada, Yolanda contestó la llamada. Y le dijo que ya iba para allá, que era cuestión de minutos y que no tardaba. Sus casas estaban a solo tres o cuatro cuadras de distancia. Así que Geovana y la amiga de su madre con la que vivía salieron a la calle a esperar a que ésta las recogiera.
Pasaron los minutos y nada. Ni luces del auto Altima color negro. Empezaron a desesperarse. Marcaban y marcaban, pero no había respuesta. “Nada más se oía que llamaban, pero no contestaba”.
Buscaron entonces a Roberto, un joven fotógrafo colega de la periodista, quien tomaría fotos de la graduación, pero él tampoco tenía idea. De hecho, también la estaba esperando porque Yolanda había quedado de pasar por él.
La preocupación fue creciendo. Sus compañeros de la redacción del diario Notiver tampoco tenían noticias de Yolanda. Les recomendaron que esperaran. Ya aparecería.
Ese día, en particular, habían compartido bastantes horas. Lo hacían frecuentemente, pero ese domingo habían empezado temprano. Yolanda Ordaz llegó a casa de su amiga a las 8:30 de la mañana. Habían hecho una cita para que les hicieran pedicure a ella, a su amiga y a su hija.
Entre Yolanda y su amiga, quienes eran comadres, se había construido una relación muy cercana, tanto que Geovana y Alejandra Ordaz, su otra hija, de 16 años, no vivían con su madre, sino con la amiga.
Yolanda pensaba que era mejor así, puesto que desde su separación del padre de Geovana y Alejandra no podía atenderlas como hubiese querido. El trabajo de reportera era muy demandante, sobre todo porque cubría la fuente policiaca, y no deseaba que ellas estuvieran solas todo el día. Que vivieran con su amiga era una buena salida, pues las veía prácticamente a diario.
Una vez que les hicieron el pedicure a las tres, se pusieron a platicar y luego de un rato Yolanda se dedicó a mandar sus notas del día al periódico, uno de los diarios más influyentes del estado de Veracruz.
Poco antes del mediodía, Yolanda y su amiga salieron. Fueron al centro de la ciudad a comprar aretes; la periodista aprovechó para ir a bañarse. Y después de un rato, regresó a casa de su amiga, salieron de nuevo a llevar a la chica que les hizo el pedicure y, a eso de las cinco de la tarde, comieron juntas un pollo rostizado que habían comprado en el camino.
Era un día relajado. Tomaron café y vieron la tele. A eso de las siete de la noche Yolanda dijo que iba a cambiarse. Todavía andaba de mezclilla negra, un top morado, zapatos negros y una blusa negra con estampados. Se arreglaría y luego pasaría por ellas.
Quedaron de que las recogería, pero les pidió que le avisaran cuando estuvieran listas. Por eso, su amiga le marcó al cuarto para las 10 de la noche, primero, y 15 minutos después, para apurarla un poco.
Yolanda respondió su teléfono celular. Le dijo que iba retrasada, pero que en cuestión de minutos llegaba, que no tardaría y las vería en breve.
No fue así. Yolanda Ordaz de la Cruz nunca llegó. Y tampoco la volverían a ver con vida.
La radioperadora Elisa García recibió una llamada a eso de las tres de la mañana del martes 28 de julio de 2011. Un hombre que dijo dedicarse a recoger cartón y latas en la calle marcó a un teléfono de urgencias y le proporcionó las señas del lugar en que había visto el cuerpo sin vida de una mujer. No dijo más y nadie lo buscó después, pero Elisa lanzó un mensaje por la frecuencia policiaca desde la Base Torre Boca del Río.
Al lugar se presentaron elementos de la Policía Intermunicipal de Veracruz que cubrían el turno de noche. Varias horas más tarde, agentes del ministerio público local hicieron el levantamiento del cuerpo y dieron fe del hallazgo de una persona del sexo femenino que se encontraba en la acera de la calle Habaneras, entre Invernadero y Jardines de Virginia, del fraccionamiento Jardines de Virginia, municipio de Boca del Río, en el conurbado de la ciudad y puerto de Veracruz.
El cuerpo, que tenía pequeños fragmentos de pasto, por lo que los investigadores dedujeron que lo llevaron desde un sitio distinto, no fue dejado en un lugar cualquiera: lo colocaron en la parte posterior del inmueble en donde se encuentran las instalaciones del diario Imagen.
Al llegar ahí, según describieron en su reporte sobre la inspección ocular del sitio, se encontraron con la siguiente escena sobre la banqueta: el cuerpo de una persona del sexo femenino, decapitado, con la playera arremangada hasta la altura de sus pechos, descalza, con la cabeza colocada entre su brazo y costado izquierdo, sobre el piso.
Los autores del asesinato le colocaron entre los dedos de sus manos un cartón con una leyenda pintada en letras negras: “También los amigos traicionan. Atte: Carranza”.
El cuerpo presentaba golpes diversos, un gran hematoma en el pecho y escoriaciones circundantes en ambas muñecas, señal de que había sido sujetada de las manos.
“Se encuentra con sus extremidades superiores e inferiores extendidas a sus costados, con la cabeza desprendida del resto del cuerpo; al observar la cabeza se advierte que presenta diversas heridas punzocortantes en todo el cuello”, detalla la necropsia incluida en la investigación 129/FEADLE/2011-BIS.
Era Yolanda Ordaz de la Cruz, la periodista, la chica de Oaxaca que empezó a reportear en el diario Notiver, hacía casi 30 años.
Su amiga la identificó a las 12:38 del martes 26 de julio de 2011. Vestía el mismo pantalón de mezclilla, el mismo top morado y la misma blusa negra que llevaba el domingo. Ya no pudo cambiarse para ir a la graduación de su hija. La violentaron primero.
Cartel en memoria de Yolanda Ordaz. Fuente: Veracruz Informa
Veracruz es uno de los estados de México más ricos en recursos naturales, pero con unos niveles de pobreza profundos. Bordea el Golfo de México y tiene una población de unos 9 millones de habitantes.
Bastión durante más de 80 años de gobiernos del PRI, el poder ha estado tradicionalmente en manos de caciques políticos a menudo acusados de corrupción. En los últimos 20 años, se ha convertido en un territorio estratégico para grupos del crimen organizado.
La violencia, particularmente en el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa, alcanzó niveles no experimentados antes. Para los periodistas, significó muerte y represión.
Desde la llegada de Duarte como gobernador en diciembre de 2010 se instaló un clima de terror generalizado. Veracruz se convirtió en el estado más peligroso de México para ejercer el periodismo. “En nosotros se plantó una idea: nos van a matar”, escribió Norma Trujillo Báez, una reconocida periodista que ha sido víctima de acoso oficial por su trabajo.
“Las y los periodistas entendimos –detalló Norma– que no existía un lugar seguro: no importaba donde estuvieras, la forma de matar era cada vez más despiadada: varios colegas fueron torturados y mutilados antes de ser asesinados, segmentados en pedacitos, sus cuerpos empacados en bolsas de basura. Así era en los casos extremos”.
Al término del gobierno de Duarte, el saldo fue atroz: 18 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos en seis años.
El asesinato de Yolanda, una periodista con casi tres décadas de trabajar en Notiver, era un caso de alto impacto. Así que había que actuar con rapidez.
Por ello, la maquinaria de “investigación” del gobierno de Veracruz se echó a andar. Por una parte, se hicieron algunos procedimientos de rutina: interrogar a amigos y familiares para saber si ellos podían proporcionar alguna pista que ayudara a imprimir un poco de rumbo a la pesquisa, y no partir a ciegas.
También se contactó a un grupo de sus compañeros de trabajo para saber si ellos tenían una idea de por qué la habían asesinado, si Yolanda les había comentado haber recibido amenazas. Preguntas de rutina que a menudo no llevan a nada y sólo sirven para ir engrosando el expediente.
Lo mismo hicieron en los alrededores del lugar en que fue localizado el cuerpor de Yolanda, esa incisiva reportera de “sucesos”, como se le llama a la información policiaca. el despachador de la gasolinera Costa de Oro, el vigilante de las oficinas del diario Imagen, el policía que estaba de guardia en una caseta cercana. Nada: nadie vio nada inusual, nadie escuchó ningún arrancón ni el ruido de las llantas cuando castigan el pavimento.
Mientras esas tareas de manual policiaco se desarrollaban y la oficial secretaria acumulaba inútilmente más hojas, en los pasillos de otra de las instituciones de Seguridad, un par de oficiales de la Agencia Veracruzana de Investigaciones se ponían las pilas para responder al apremio de sus jefes.
El comandante Juan Ramírez Ramírez y el agente César Racon Espinosa procedieron a “investigar” a fondo en internet, utilizando el buscador de Google. Y allí encontraron lo que, en su opinión, eran pistas sólidas.
“Hallazgos”, presumirían ellos, sobre las razones que explicarían el asesinato de Yolanda Ordaz de la Cruz, la cuarta periodista victimada en Veracruz de una manera violentísima en menos de una semana.
Apenas horas después de que se supo que la periodista había sido asesinada, ambos policías hacían un reporte contenido en dos discos compactos con la información que establecía que, según sus pesquisas en el buscador de Google y sin duda alguna, Yolanda tenía nexos con uno de los grupos del crimen organizado que se disputaban el territorio veracruzano.
En el oficio número 1687 que enviarían después al agente Alejandro García Olivares, le escriben con un lenguaje ceremonioso sus conclusiones en un solo párrafo, pero un párrafo contundente:
“Continuando con las investigaciones relacionadas al esclarecimiento del homicidio de quien en vida llevara el nombre de Yolanda Ordaz de la Cruz, con esta fecha me permito dejar a su disposición dos discos CD que contiene material relacionado en la vinculación de la occisa con la delincuencia organizada, precisamente con el Cartel de Jalisco Nueva Generación, que dicha información fue obtenida vía internet”.
El contenido de los CDS enviados por los agentes Ramírez y Racon pretende fortalecer la tajante conclusión a la que llegaron después de googlear durante algunas horas: ella tenía nexos con la delincuencia organizada.
Y expusieron los elementos que consideraron concluyentes: “Yolanda Ordaz ya había sido mencionada en al menos dos videos por un supuesto nexo con bandas de la delincuencia organizada, a los que presuntamente apoyaba con manejos informativos”.
Uno de ellos era un video de 2009. “El portal YouTube difundió el video ‘Matando Zetas’, donde tres sujetos interrogados citan el nombre de periodistas que presuntamente brindan protección integrantes de la delincuencia organizada: Hugo Gallardo San Gabriel, Miguel Ángel López Velasco y Yolanda Ordaz”.
El 14 de junio de 2011, agrega el reporte policiaco, el portal de YouTube difundió tres videos en los que en imágenes de notas periodísticas de Notiver se observa que respaldan movilizaciones y eventos por miembros de la delincuencia organizada. “Y entre los autores de las notas y fotos se observan los nombres de Yolanda Ordaz, Milo Vela y su hijo Miguel Ángel López Solana, Gabriel Huge y Marcos Miranda”.
[El listado de nombres mencionados en el video, subido a YouTube por un usuario que utiliza el seudónimo de “Aguililla 2011”, se convirtió en una lista de sentenciados a morir: seis días antes del asesinato de Yolanda, acribillaron en su domicilio a Milo Vela y su hijo también periodista. Gabriel Hugue sería secuestrado y asesinado también en mayo de 2012]
El reporte de “investigación” de los agentes Ramírez y Racon incluye un segmento con el título “Sobre Yolanda Ordaz. Aspectos relevantes”. Y en ese apartado incluyen información sobre una publicación que se hizo “en algunos medios”, en la que se “manejó una lista de reporteros de diarios de la ciudad de Veracruz, entre ellos Yolanda Ordaz, quienes supuestamente habrían recibido apoyos del traficante Lázaro Llinas, jefe de la plaza en la zona Veracruz-Boca del Río, quienes se habrían comprometido ayudarlo a través de sus comentarios periodísticos”.
Para los policías esas imputaciones anónimas eran más que indicios de que la periodista tenía nexos con el narcotráfico. Ya no habría razón alguna para investigar más. Contaban ya con un móvil y, por lo que a ellos correspondía, el caso se encontraba en vías de resolverse apenas unas horas después de haber ocurrido.
Le tocaría al agente del Ministerio Público terminar de amarrar el caso. Y si ya existía una razón que explicara por qué habían matado a Yolanda Ordaz, ahora faltaba encontrar a los culpables.
Bueno, en realidad, tampoco. Porque de ello, el par de agentes ya se habían ocupado antes.
El oficio número 1685 también está fechado el 29 de julio de 2011. Lo recibió la oficial Fabiola Hernández y está dirigido también al agente investigador García Olivares para transmitirle información relevante del caso.
Como la numeración lo indica, es un oficio previo al que establece la supuesta relación de Yolanda Ordaz con bandas del crimen organizado.
Con el mismo modo de fraseo, el de la burocracia judicial, el comandante Ramírez y el agente Racon le comunican que han logrado identificar a una persona que está vinculada o es responsable del asesinato de la reportera. Y presumen que lo han hecho gracias, de nuevo, a Google e internet.
“Que continuando con las investigaciones relacionadas con los hechos en los cuales perdiera la vida la persona que respondió al nombre de Yolanda Ordaz de la Cruz se logró tener información, por vía internet, sobre la persona relacionada con el apellido “Carranza”, toda vez que en que fue encontrada sin vida la occisa en el mismo lugar junto al cuerpo apareció una cartulina que a la letra dice: ‘Los amigos también traicionan. Atte: Carranza’.
“Por lo anterior, se logró encontrar una fotografía a nombre de Juan Carlos Carranza Saavedra, alias El Ñaca Ñaca o El comandante Carranza, quien al parecer se encuentra relacionado con la delincuencia organizada y se está boletinando ya que se ofrece una recompensa de 3 millones de pesos por información sobre su paradero por ser probable responsable del homicidio de quien en vida se llamó Miguel Ángel López Velasco y familia”.
Así, el comandante Ramírez y el agente Racon lograron en unas horas no sólo establecer la identidad del responsable de la muerte de Yolanda Ordaz, sino que también le atribuyen ya la autoría del asesinato de Milo Vela, quien era jefe de Yolanda Ordaz en Notiver; su hijo también periodista y de su esposa.
Pedazo de investigación: dos asesinatos resueltos de un solo tiro. Y todo gracias a un apellido y al internet. Ya se harían otras maniobras para amarrar esa tesis.
Periodista Yolanda Ordaz sostiene una foto de sí misma.
A las 12:47 del martes 26 de julio, apenas ocho horas después de que el cuerpo de Yolanda Ordaz de la Cruz fue localizado en una banqueta, un cable de la agencia Notimex daba cuenta de una conferencia del procurador de Justicia de Veracruz.
Sin aceptar preguntas, Reynaldo Escobar Pérez, el titular de la Pocuraduría de Justicia del Estado, echó mano de una de las operaciones oficiales más comunes cuando se abordan crímenes de periodistas en México: se les lastima, se les revictimiza.
“El gobierno de Veracruz condena y lamenta el crimen y ratifica su decisión de investigar las causas del mismo, pero es fundamental dejar en claro que este tipo de hechos deplorables nada tiene que ver con el ejercicio de la profesión de periodista, sino con la relación que de manera tal vez circunstancial establecen algunos comunicadores con los cárteles de la delincuencia”, decretó, sin ninguna evidencia, el funcionario.
Escobar Pérez se atrevió a avanzar unos pasos más en la construcción de una versión para la cual no podía tener ningún elemento de información a esas tempranas horas en que daba la conferencia:
“Se investigan las versiones que señalan la presunta relación de comunicadores con la delincuencia organizada, lo que los coloca en una situación sumamente vulnerable, de peligro y riesgo personal y familiar. Existen posibles nexos con la delincuencia organizada y son la principal línea de investigación”.
Cuando decía eso, los dos agentes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones aún no acababan de googlear. Así que resultaba aún más aventurado afirmar lo que había dicho minutos antes, a menos que él tuviera conocimiento previo de los hechos.
En la esquina de Árbol de la Noche Triste y Vicente González, en la colonia La Pochota, eran las 19:10 del 2 de agosto de 2011, cuando se produjo un enfrentamiento armado entre un batallón del Ejército y un par de jóvenes que iban a bordo de una Ford Lobo, doble cabina, color rojo. Un camionetón.
Las balas cruzaron el espacio entre ambos grupos, de un lado a otro, pero era casi inevitable el resultado. Los dos jóvenes, uno de 23 y otro de 24 años, murieron en los hechos. A pesar de que en teoría llevaban un pequeño arsenal (dos AK-47 y una R-15 Smith&Wenson), sucumbieron ante el poder de fuego de los militares.
Al acabar la balacera, y ya con los cuerpos inertes, pero aún vistiendo sus camisetas deportivas de manga corta, las autoridades procedieron a levantar un acta sobre los hechos.
Extrañamente, la camioneta transportaba en la batea muchísima ropa, sobre todo playeras: una amarilla, de cuello redondo, marca American Eagle; otra negra tipo polo, de marca Hollister; una más de color café, de marca Cauduro Coumny. Y varias más.
Pero en el recuento de las prendas halladas, una de ellas rompió la armonía. Se trataba de un pantalón de mezclilla, color azul, talla 34. Lo relevante es lo que, de acuerdo con el reporte de las autoridades, se encontró en la bolsa posterior derecha: una credencial de estudiante de la Universidad Veracruzana, de una chica que estudiaba el segundo semestre de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, con vigencia de septiembre de 1986 a septiembre de 1987.
El nombre y la foto de la joven estudiante correspondían a quien sería asesinada exactamente 25 años después. ¿Qué carajos hacía esa credencial de Yolanda Ordaz de la Cruz ahí, cuando había sido asesinada violentamente unos cuántos días antes? ¿Quién la puso en el bolsillo de ese pantalón? ¿Cómo llegó allí?
El expediente no registra si las autoridades realizaron un cateo en la casa de Yolanda, en donde muy probablemente se podrían encontrar muchas identificaciones como esa. Tampoco existe ningún rastro de que hayan buscado su computadora, su equipo de trabajo, archivos de información, algo que tuviera que ver con la informacion que publicaba.
La violencia contra los periodistas en la época del gobernador de Veracruz, Javier Duarte no fue un hecho azaroso. Desde Propuesta Cívica, organización dedicada a la defensa de derechos humanos y de la libertad de expresión en México, tienen una hipótesis: la violencia tenia patrones comunes y, por lo tanto, fue planificada.
Primer patrón: la gran mayoría de los periodistas asesinados y desaparecidos desarrollaba un trabajo periodístico que abordaba temas de corrupción, narcotráfico, de narcopolítica.
“Había una fuerte línea de investigación de cómo el gobierno estaba ‘autorizando’ la entrada de grupos criminales como Los Zetas”, explica Víctor Martínez, coordinador jurídico de Propuesta Cívica.
Segundo patrón: la violencia contra las personas periodistas víctimas fue brutal. “Fue brutal la manera en cómo fueron asesinados: hay casos en los que fueron decapitados; otros en los que sus cuerpos fueron cercenados; casos en los que arrojaron las cabezas en las instalaciones”.
Tercer patrón: la ineficacia o la ausencia de las investigaciones. “No existen actos de investigación dentro de un contexto de la libertad de expresión, del trabajo periodístico que ellos estaban haciendo. Qué estaban investigando, sobre qué temas, a quiénes estaban apuntando: ¿a políticos, a empresarios, a narcotraficantes? Son investigaciones totalmente desligadas del contexto de la libertad de expresión
Cuarto patrón: la Fiscalía utilizó sistemáticamente la criminalización. “La ‘verdad histórica’ con la que salían las autoridades a dar respuesta a estos crímenes es que ellas y ellos hacían parte del crimen organizado y que existía una molestia por parte del crimen organizado y, en venganza, los desaparecían o asesinaban”, detalla Sara Mendiola, abogada, maestra en derecho penal y directora ejecutiva de Propuesta Cívica.
A raíz de la violencia incesante contra los periodistas en México –del año 2000 a la fecha han sido asesinados 167 hombres y mujeres dedicados al periodismo, según el informe más reciente de Artículo 19--, en México se creó la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Su diseño pretendía hacer frente, precisamente, a una impunidad casi total. Luego de largos meses en que las investigaciones en Veracruz no llevaban a ningún lugar más que a la insinuación de que Yolanda Ordaz estaba ligada a actividades delincuenciales, la oficina en Veracruz de la delegación federal se quitó el bulto de encima y se declaró incompetente “en razón de especialidad”.
En pocas palabras: dado que la víctima del asesinato era una periodista, legalmente tocaba enviar el expediente a la FEADLE. Y esta instancia lo registra justo la Navidad de 2011.
El 24 de diciembre recibe los antecedentes del caso, con una copia de muchas de las diligencias que se habían realizado en Veracruz: dictámenes periciales de química y fotografía forense, de dactiloscopía, de informática y de fotografía, inspección ocular y fe ministerial del lugar en que fue encontrada Yolanda, y muchos, muchos oficios en cientos de hojas que dan cuenta de actos de investigación ociosos, actos que no llevan como un fin en sí mismo identificar a los responsables.
Y tras estudiar el expediente durante unos cinco días, el agente Guillermo San Juan toma una decisión incomprensible: le “compra” la versión a un gobierno que ha mostrado ser letal para los periodistas. Se declara ajeno al tema a pesar de que se trata del asesinato de una periodista, lo que automáticamente implica que deba investigarlo, y pretende trasladar el caso a la fiscalía encargada de asuntos de delincuencia organizada.
Firma entonces un acuerdo para declinar la investigación y trasladar todo el expediente a sus colegas. Y justifica su intención con unas decenas de palabras que son propias de un manual de operaciones para pulverizar la fama pública de cualquier persona.
“Existen –justifica el agente San Juan– elementos probatorios que, enlazados de manera lógica y natural, nos permiten determinar que en la perpetración del delito de homicidio cometido en agravio de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, del periódico Notiver, participaron activamente varios sujetos pertenecientes a la delincuencia organizada, lo que le da competencia a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada para seguir conociendo los hechos”.
Además, argumenta, “es propio señalar que el día en que fue encontrada sin vida, en el mismo lugar junto al cuerpo apareció una cartulina que dice: ’Los amigos también traicionan. Atte: Carranza’”.
Para él, ya no hay duda: Yolanda Ordaz estaba vinculada, de alguna manera, con el crimen organizado. Por ello, y sin más, escurre el bulto y, a las 22:30 horas del 30 de diciembre de 2011, estampa su firma en el largo escrito. Que lo investiguen los especialistas en crimen organizado.
El agente del Ministerio Público, Israel Salas Romero, está comisionado por la Procuraduría General de la República en Veracruz. Allí es titular de la Mesa Investigadora número 1. A las 18:30 del 28 de julio del 2011, hace llamar a dos oficiales administrativas para que atestigüen el acta que redacta, y que al final tendrán que firmar en calidad de testigos de asistencia.
Y enseguida, Salas Romero da fe de lo siguiente: que estaba buscando notas periodísticas publicadas en internet por los diversos medios de comunicación sobre el asesinato de Yolanda Ordaz y, de algún modo, llegó a la página denominada “El blog del narco”, y se encontró con un video que acaban de subir un día antes a dicha página.
Cuenta Israel Salas lo que vio en el video: a un grupo de 29 personas con capuchas negras, por lo que no es posible identificarlas, con uniformes oscuros. Todos son hombres y cargan armas largas. Sólo se les pueden ver los ojos. Cinco de ellos están sentados ante una mesa y quien está ubicado en medio lee unas hojas ante la cámara.
El encapuchado dice que son las cuatro y media de la tarde del día 27 de julio y que, con ese acto, se presentan ante la gente de Veracruz para comunicarles que han arribado al estado y que se autodenominan Grupo Matazetas del Cartel Jalisco Nueva Generación.
En pocas palabras, dicen lo mismo de siempre: que no van a lastimar a nadie que no tenga que ver con sus enemigos Los Zetas, y que van a acabar con los secuestros y las extorsiones para que las familias puedan vivir tranquilas. Y, de repente, lanza inesperadamente una mención que, luego, las autoridades usarán para marcar, sin evidencia alguna, la vida de dos periodistas que acaban de ser asesinados: “También le hacemos un llamado de la manera más atenta a todos los periodistas, que hagan valer la muerte de nuestros amigos Milo Vela y Yolanda Ordaz”.
Luego lanza varios nombres de hombres pertenecientes a un cartel enemigo, a quienes responsabiliza de los asesinatos de ambos periodistas, quienes, asegura sin más, estaban pasando información a las corporaciones policiacas para que detuvieran a los integrantes de Los Zetas.
Finalmente, hacen un llamado a la población a que denuncien ante el Ejército a los delincuentes del bando contrario. Y exhorta a “las mexicanas y mexicanos” a actuar [porque] todos somos libres. “El narcotráfico no se acabará, pero sí le podemos dar un giro a esto por la paz, la tranquilidad y el fiuturo de nuestros hijos. Si no actuamos, qué nos espera vivir: estar con temor de que en cualquier momento vengan a imponernos una cuota o secuestrarnos un ser querido”.
Israel Salas ordena entonces que un perito en informática le consiga una copia del video y que rastree esa página para obtener el domicilio desde donde se originó.
En ninguna de las más de 10 mil páginas de las que consta el expediente se cuestiona si lo que dicen los supuestos criminales es verdad ni se ponen en duda las menciones a Milo y Yolanda, ni mucho menos se identifica a quienes aparecen en el video.
¿Nadie se preguntó si se trataba de un montaje? ¿Nadie imaginó que podrían buscar, por ejemplo, crear condiciones para enterrar por siempre la verdad de los asesinatos? ¿Nadie dudó de la autenticidad de un video así?
En Propuesta Cívica saben de primera mano que la criminalización de las y los periodistas tuvo un impacto altísimo porque generó miedo y silenciamiento. Se lastima no sólo la memoria de la víctima, sino a las familias.
Las autoridades, dice Víctor Martínez, lograron un objetivo importantísimo: generar temor en las familias. “Tuvieron miedo de seguir exigiendo justicia y, al no exigir justicia, las investigaciones se quedan en el abandono, se congelan, se mueren para la Fiscalía”. Y, así, que hagan un número más en la impunidad, como el caso del asesinato de Yolanda Ordaz de la Cruz, cuya investigación ha quedado supendida en el limbo judicial, sin que haya responsables.
Es posible que, a 13 años de haber ocurrido, el caso de Yolanda, como el de muchos otros más, alimenten las cifras de impunidad en los crímenes contra periodistas, se duele Sara Mendiola, la directora de Propuesta Cívica: “Son altísimas. Tratándose de homicidio contra periodistas rebasamos el 95%; tratándose de la desaparición, es el 100% de impunidad”.